Cómo garantizar un acceso igualitario al sistema judicial por parte de las personas con discapacidad intelectual

ATADES ha creado una unidad especializada para apoyar a las personas con discapacidad intelectual o autismo a lo largo de todo el proceso judicial. Esta unidad trabaja con víctimas, imputados y testigos, ayudándoles a comprender y participar en los procedimientos judiciales de manera adecuada.

Mediante el apoyo de psicólogos y otros profesionales, se garantiza que estas personas tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones, protegiendo sus derechos y asegurando que su comprensión del proceso sea clara y accesible en todo momento.

Las personas con discapacidad intelectual y sus obstáculos en procesos judiciales

Las personas con discapacidad intelectual, autismo o problemas de salud mental suelen encontrar grandes obstáculos cuando deben participar en procesos judiciales. La dificultad para comprender las preguntas, comunicarse con claridad o interpretar lo que sucede durante un juicio puede hacer que el proceso resulte incomprensible y angustiante para ellas. Para apoyar a estas personas, ATADES creó hace 9 años una unidad especializada.

Esta unidad proporciona asistencia integral durante todo el proceso judicial, contando con psicólogos facilitadores que se encargan de explicar y ayudar a entender los procedimientos judiciales, asegurando así que sus derechos sean respetados y que puedan participar de manera activa y equitativa.

El objetivo es que, independientemente de sus dificultades, puedan enfrentarse a la justicia en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía, protegiendo sus derechos y garantizando su acceso a la justicia.

El acceso a temas relacionados con la justicia es un derecho fundamental que garantiza la protección de otros derechos humanos y promueve la igualdad. Para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, asegurar este acceso implica adaptar procedimientos judiciales, garantizando que puedan participar en los tribunales en igualdad de condiciones.

Estas modificaciones no solo son esenciales para la tutela judicial efectiva, sino también para combatir la discriminación y la marginación social y económica. La justicia debe ser accesible para todos, sin excepción.

Garantizar una equidad judicial

El acceso a la justicia para personas con discapacidad implica la colaboración de diversos profesionales para garantizar que estas personas reciban un trato justo. Jueces, fiscales, abogados, psicólogos y agentes de seguridad desempeñan un papel esencial en este proceso, asegurándose de que las personas con discapacidad puedan participar en los procedimientos judiciales en igualdad de condiciones.

Esta colaboración busca adaptar los procesos legales a las necesidades específicas de estas personas, protegiendo sus derechos y garantizando que comprendan y se involucren plenamente en el sistema judicial.

A lo largo del año, estos profesionales se reúnen para evaluar el funcionamiento de la Unidad de Acceso a la Justicia, como ocurrió recientemente en la Delegación del Gobierno en Zaragoza.

En estas reuniones se analizan los avances alcanzados, se identifican áreas de mejora y se discuten nuevas estrategias para asegurar que los derechos de las personas con discapacidad continúen siendo respetados y protegidos en todos los procedimientos judiciales.