Más de 400.000 personas con discapacidad intelectual están en riesgo de pobreza o exclusión social

Plena Inclusión España denunció este miércoles el aumento de la pobreza y la precariedad que afecta a las familias con personas con discapacidad intelectual. Esto se debe a la escasez de apoyos públicos y al esfuerzo económico adicional que deben realizar para cuidar de sus seres queridos.

Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se celebra el 17 de octubre, la organización destacó la difícil situación que enfrentan miles de estas familias en España, buscando dar visibilidad a este problema.

En su ‘Informe sobre el Estado de la Pobreza de 2023’, la Red Europea para la Erradicación de la Pobreza en el Estado Español (EAPN.ES) advirtió que el 30 % de las personas con discapacidad están en riesgo de pobreza o exclusión social, en comparación con el 22,7 % de la población sin discapacidad.

La baja inserción laboral de personas con discapacidad intelectual

Esta tasa es aún más alta para las más de 400.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, debido a las barreras adicionales que enfrentan, según Plena Inclusión.

En su opinión, la baja inserción laboral se ha convertido en un factor clave que perpetúa esta precariedad. De acuerdo con el INE, solo el 23.8 % de las personas con discapacidad intelectual tienen empleo, lo que representa una diferencia de 44.8 puntos con respecto al resto de la población. La tasa de actividad de este colectivo apenas alcanza el 35 %, lo que subraya la necesidad urgente de implementar medidas que faciliten su acceso equitativo al mercado laboral.

El sobrecoste familiar de 27.000 euros anuales

A esta escasez de oportunidades laborales se suma el sobrecoste familiar, un fenómeno que ilustra el impacto económico del apoyo constante que requieren las personas con discapacidad intelectual. Un estudio de Plena Inclusión revela que este sobrecoste promedio asciende a 27.000 euros anuales por familia.

Para agravar la situación, los efectos colaterales de la Ley 8/2021 (que modifica la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual) podrían dejar a estas personas y sus familias en una situación aún más vulnerable, al perder prestaciones y beneficios fiscales. En su opinión, "es inaceptable que miles de familias que ya enfrentan el desafío de cuidar y apoyar a estas personas que se ven empujadas a la pobreza por la falta de apoyos públicos".

Medidas urgentes para garantizar acceso igualitario al ingreso mínimo vital

Enrique Galván, director de Plena Inclusión, solicitó al Gobierno "medidas urgentes para asegurar recursos suficientes que permitan el acceso a la plena ciudadanía de estas personas". Entre sus demandas, destacó la necesidad de un acceso preferente y facilitado al Ingreso Mínimo Vital (IMV) para las familias que cuenten con personas con discapacidad a su cargo. También pidió que esta ayuda sea compatible con la prestación por hijo a cargo en el caso de hijos con discapacidad, así como un aumento de 170 euros mensuales por hijo menor y hasta 570,2 euros para aquellos con un grado de discapacidad superior al 65 %.

Además, señaló que la falta de apoyos se traduce en dificultades para acceder al sistema educativo, a prestaciones sociales y ayudas. Por esta razón, Plena Inclusión instó a las administraciones públicas a priorizar estas necesidades y garantizar un acceso igualitario y digno para las personas con discapacidad intelectual y sus familias.