El caso de Marta, le reconocen un 24 % de discapacidad pese a sus graves problemas para caminar

La discrepancia entre la pérdida efectiva de autonomía personal y los porcentajes oficiales asignados por la administración pública representa una de las mayores fuentes de desprotección e impotencia para las personas con patologías crónicas o motoras en España. Según recoge la publicación especializada Tododisca, el caso de Marta —una mujer que padece severas limitaciones para caminar y desenvolverse en su vida diaria a la que los Equipos de Valoración y Orientación (EVO) solo reconocieron un 24 % de discapacidad y negaron la condición de movilidad reducida— pone de manifiesto las fallas estructurales del sistema de evaluación vigente y la indefensión de los solicitantes.

Un diagnóstico infravalorado: dolor, limitaciones funcionales y el impacto del 24 % de discapacidad

El caso de Marta evidencia cómo la valoración oficial se distancia en ocasiones del impacto real que las dolencias generan en la rutina del paciente. Pese a presentar patologías que le provocan dolores intensos, fatiga continuada y graves dificultades para la marcha autónoma —impidiéndole recorrer distancias cortas o subir escaleras sin apoyo—, la resolución administrativa determinó un porcentaje de discapacidad del 24 %.

Al quedar por debajo del umbral mínimo del 33 %, la administración deniega a Marta el acceso al grado oficial de discapacidad. Esta barrera administrativa le impide beneficiarse de cualquier tipo de adaptación, deducción fiscal, reserva de empleo o ayuda social, situándola en un limbo jurídico donde la incapacidad funcional real no encuentra ningún tipo de respaldo o protección por parte de las instituciones públicas.

La infranqueable barrera del Baremo de Movilidad Reducida (BMR)

La situación de Marta se agrava con la negativa a reconocerle la condición de "movilidad reducida". El Baremo de Movilidad Reducida (BMR), regulado dentro de la normativa de valoración de la discapacidad, exige el cumplimiento de criterios biomecánicos y funcionales muy estrictos (como la necesidad de dos bastones, silla de ruedas, dependencia de terceros para el traslado o alcanzar una puntuación determinada en ítems de marcha):

• Evaluación rígida en consulta: Los tribunales médicos basan sus decisiones en pruebas estáticas de corta duración en el entorno de la consulta, obviando con frecuencia la fluctuación del dolor, la fatiga crónica o el deterioro progresivo a lo largo de la jornada.
• Denegación de la tarjeta de estacionamiento (PMR): Al no obtener la puntuación requerida en el baremo de movilidad, a Marta se le niega el derecho a la tarjeta de aparcamiento reservado. Esta decisión restringe severamente sus desplazamientos en la vía pública, aislándola socialmente y obligándola a realizar esfuerzos físicos que agravan sus dolencias articulares y musculares.

El itinerario de impugnación: reclamación previa, vía judicial y la urgencia de humanizar los baremos

Ante una resolución que no refleja la realidad de su estado de salud, la única vía que le resta a Marta y a las personas en situaciones análogas es iniciar un complejo y costoso proceso de impugnación:

• Reclamación previa administrativa: Interponer un recurso formal ante el propio centro base en el plazo de 30 días hábiles, aportando nuevos informes de especialistas públicos que detallen con mayor precisión la repercusión funcional en la marcha.
• Demanda en los Juzgados de lo Social: En caso de desestimación de la reclamación previa, el afectado debe recurrir a la vía judicial mediante una demanda laboral/social, requiriendo peritajes médicos privados e informes biomecánicos para rebatir el criterio del tribunal oficial.
• Reforma de los criterios de valoración: Las asociaciones de pacientes y colectivos de la discapacidad exigen revisar de forma urgente la aplicación práctica del Real Decreto de valoración de la discapacidad, instando a que se dote a los equipos EVO de mayor sensibilidad hacia el dolor crónico, la fatiga y la variabilidad sintomatológica.

Asignar un 24 % de discapacidad a una persona que no puede caminar con normalidad la condena al aislamiento; los baremos médicos deben medir la vida real de los pacientes, no solo papeles estáticos.