La ONU pide que no se discrimine en la atención médica a personas con discapacidad

El presidente del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, Danlami Basharu, y la enviada especial del secretario general de la ONU sobre Discapacidad y Accesibilidad, María Soledad Cisternas, exigieron a todos los Estados que las medidas que adopten para responder al COVID-19 garanticen "la inclusión y la participación efectiva de las personas con discapacidad".

Acceso de las personas con discapacidad a los servicios de salud

En una declaración conjunta, reclamaron a los Gobiernos "tomar todas las medidas apropiadas para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios de salud y proporcionarles el mismo rango, calidad y nivel de atención médica que se brinda al resto de la población, incluidos los servicios de salud mental". 

"Los Estados también deben continuar procurando a estas personas los servicios sanitarios que requieren de forma específica", prosigue el texto, así como evitar "la denegación discriminatoria por razón de discapacidad de atención médica, alimentos o líquidos".

Incluir a las personas con discapacidad en las decisiones

Asimismo, instaron a todos los Estados a asegurar que las personas con discapacidad, a través de sus organizaciones representativas, sean consultadas e involucradas activamente en la planificación, puesta en marcha y monitoreo de las medidas de prevención y contención del coronavirus.

También pidieron "salvaguardar la provisión de alimentos, medicamentos y otros suministros para personas con discapacidad en situaciones de aislamiento y cuarentena", así como garantizar la continuidad de los servicios de asistencia domiciliaria y de rehabilitación cuando sean necesarios.

Información médica accesible

Finalmente, reclamaron que toda la información relativa a la pandemia sea accesible a todas las personas con discapacidad y que, en los planes de apoyo social, se tenga en cuenta las situaciones de pobreza y de mayor vulnerabilidad de algunas de ellas.

En conclusión, pidieron a todos los Estados actuar de acuerdo con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Agenda 2030, que entre otros puntos, apuesta por garantizar el acceso universal a la salud y la no discriminación por razón de discapacidad. Según dicho texto, los países han de promover la desinstitucionalización de las personas con discapacidad que viven en residencias, geriátricos u hospitales psiquiátricos.

Mayores riesgos para las personas con discapacidad

"La pandemia de COVID-19 ya ha afectado a hogares de personas mayores, psiquiátricos y otros centros de internamiento, donde existen mayores riesgos para las personas con discapacidad que se encuentran institucionalizadas", destacaron.

La coordinadora de la Comisión Sociosanitaria de Cogami, Laura Quintas, también demanda un cambio en el sistema sanitario actual ya que está centrado en pacientes agudos y no en pacientes con enfermedades crónicas. “Esta atención se hace más necesaria durante la pandemia del Coronavirus, resultando más compleja para las personas que tienen patologías”, explica Quintas.

No discriminación en el acceso a la salud

Por ello, la entidad reclama el acceso a los servicios: “las personas con discapacidad física y orgánica necesitan acceder, en igualdad de derechos, a todos los servicios, incluidas las UCI”. Por tanto, exige que no se excluya a ninguna persona con discapacidad de este derecho universal. 

“Cuando los recursos médicos sean limitados, que se garantice la no discriminación en el acceso a la salud. Tener discapacidad no implica tener menor calidad de vida por tratarse de una situación social y no de una condición médica”, asegura.

No interrumpir los tratamientos

En segundo lugar, el acceso a los tratamientos durante el confinamiento. “Es necesario que los tratamientos de las personas con enfermedad crónica y movilidad reducida sean entregados en los domicilios o depositados en las farmacias más próximas a sus domicilios, para evitar desplazamientos innecesarios con los consecuentes riesgos que estos implican. Es fundamental que se asegure el suministro de todos los medicamentos o productos sanitarios que son imprescindibles para su salud y calidad de vida”, explica Cogami.

Y, seguridad para el personal que trabaja a diario en las residencias en las que viven personas en situación de dependencia, en las viviendas tuteladas o que trabajan como asistentes personales o ayuda en el hogar y que deben contar con los EPIS adecuados para poder garantizar la eficacia de su trabajo y estar libres de contagios.