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La drogadicción es un problema que hasta no hace mucho copaba las campañas publicitarias de la Dirección General de Tráfico y del Ministerio de Sanidad. El relativo silencio del mal de las drogas como protagonista de grandes titulares sugiere que se han dado buenos pasos en los últimos tiempos, aunque conviene no perderlo de vista y seguir dedicando esfuerzos en combatirlo y en aumentar la educación de la población al respecto. En este sentido, el Ministerio de Sanidad otorga anualmente la Medalla de Oro de la Orden al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas, destinada a reconocer el mérito de entidades y ciudadanos en esta ardua y necesaria labor.
Este año ha premiado al Servicio de Prevención y Atención a las Drogodependencias de la Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) y a María Azucena Martí Palacios, anterior Delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD).
Según informa el Ministerio, el Servicio de Prevención y Atención a las Drogodependencias de la Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha facilitado la creación de entornos que favorecen el desarrollo de hábitos saludables. El trabajo y el esfuerzo desarrollado por este Servicio representa la labor que realizan las ciudades para responder al reto de las adicciones en estos tiempos, ejemplificando la capacidad de respuesta a los nuevos problemas de los servicios locales, los más cercanos a la ciudadanía, capaces de actuar en condiciones extremas.
Pionero del tratamiento con metadona y relación con el Covid
El Servicio de Prevención y Atención a las Drogodependencias ha tenido durante décadas un papel clave en la introducción en nuestro país de las estrategias de reducción de daños. Fue pionero en su día en la generalización de los programas de tratamiento sustitutivo con metadona, además de incorporar espacios de consumo supervisado para los usuarios de estupefacientes que no estaban en tratamiento. En tiempos de Covid, ha dado respuesta a las personas usuarias de drogas sin techo mediante programas directamente vinculados a la salud, destacando su albergue pionero, con espacios de consumo supervisado.
Azucena Martí, en su ejercicio como Delegada del Plan nacional sobre Drogas (PNSD), desplegó como objetivo estratégico, en medio de la emergencia de salud pública Covid-19, la protección de los grupos más vulnerables y en concreto de las personas con trastornos por uso de sustancias que podían estar mucho más afectadas por esta infección.
Martí, según informa el Ministerio de Sanidad, ha liderado un modelo de Plan asentado en la percepción, estudio, comprensión y reducción de la desigualdad social con un enfoque de salud pública basado en dos pilares: la información, base para la toma de decisiones, y la colaboración con los diferentes actores que trabajan en el ámbito de las adicciones a nivel central, autonómico, local e internacional, así como de la sociedad civil, sociedades científicas o universidades, centrando los esfuerzos para dar respuesta a las consecuencias de la Covid-19.
Las drogas afectan a toda la sociedad
Estas condecoraciones representan un modelo de políticas sobre adicciones de cogobernanza, de gestión en red con un enfoque integrado y próximo a la ciudadanía, dando lugar a la promoción de entornos de la salud, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible fundamentales de la Agenda 2030.
El problema de las adicciones afecta a toda la sociedad. Por ello, tal y como apunta Sanidad, resulta clave la labor de todos y todas en reducir los riesgos y los daños que conllevan, de ahí la importancia de reconocer la labor de determinadas instituciones y personas en esta construcción social. Solo en el ámbito de la conducción suponen un problema de riesgo y mortalidad pública de enorme importancia, ya que más de 450 conductores al día dan positivo en alcohol y drogas, con el peligro que eso supone para ellos mismos y para el resto de viajeros.
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