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Madrid, 19 ene (EFE).- Los subsidios por desempleo, las ayudas al alquiler, el acceso a una vivienda de protección oficial, las becas de estudio o para la guardería son algunas ayudas a las que será más difícil acceder o que verán reducida su cuantía con la subida del 2 % que experimenta el IPREM en los Presupuestos de 2019.
Los sindicatos llevan años reclamando una mayor actualización del IPREM, vinculándola al salario mínimo interprofesional o, incluso, piden establecer un sistema permanente de revalorización automática que mantenga el valor real de este indicador a lo largo del tiempo.
Su congelación "empobrece a la parte de la sociedad que más ha padecido la crisis, porque pierden poder adquisitivo o se obstaculiza al acceso a las ayudas", según explican portavoces de CCOO y de UGT en declaraciones a Efe.
El indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) se creó en 2004 con el objetivo de que las ayudas y subsidios no relacionados con el trabajo dejaran de actualizarse conforme al salario mínimo interprofesional (SMI).
La concesión de estas prestaciones no laborales está subordinada a los ingresos del solicitante, de manera que éstos no pueden superar un determinado número de veces el IPREM, al tiempo que la cuantía de algunas de estas ayudas se calcula en torno a este indicador.
La actualización del IPREM depende del Ministerio de Hacienda, se realiza cada año en los Presupuestos Generales del Estado y lleva cuasicongelado desde 2010, con una subida acumulada en esos años de apenas 16 euros mensuales.
Para 2019, según el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, el IPREM aumenta un 2 %, hasta los 548,6 euros mensuales, después de mantenerlo el año pasado, tras una subida de un 1 % que ponía fin a seis años consecutivos de congelación.
En concreto, el IPREM sirve para fijar los límites mínimos y máximos entre los que oscila la cuantía a percibir por la prestación contributiva por desempleo, así como para establecer la cuantía mensual del subsidio por desempleo.
Para el caso de las ayudas correspondientes a la renta agraria, el importe que se percibe depende del número de jornadas reales trabajadas y del IPREM mensual vigente.
También afecta a la asistencia jurídica gratuita, siempre y cuando los ingresos anuales del solicitante no superen un número determinado de veces el IPREM, fijado en función de sus condiciones familiares.
En el acceso a una vivienda, el IPREM establece los límites de ingresos anuales para optar a una de protección oficial, al tiempo que también es tenido en cuenta para las ayudas al alquiler.
El IPREM influye también en la concesión y cuantía de becas o ayudas al estudio, tanto a las de guarderías, como las de colegios, para formación o para estudiar en la universidad.
En el caso de una persona que no cumpla el requisito de cotización exigido para recibir la prestación contributiva por maternidad, puede solicitar la no contributiva, cuya cuantía está fijada en función del IPREM, así como las de las indemnizaciones por pérdida o paralización en el transporte de mercancías nacional.
¿Y qué pasa si se mantiene cuasicongelado? Pues que, si el SMI y la inflación siguen evolucionando y el IPREM no lo hace a la par, llegará un momento en el que solo podrán resultar beneficiarios de estas ayudas las personas que se encuentren en situaciones absolutas de pobreza.
Desde que se creó en 2004, el IPREM ha sido revalorizado un 19,1 %, pasando de los 460,5 euros mensuales hasta los 548,6 de este año, mientras que el SMI prácticamente se ha duplicado (95,4 % más), al pasar de los 490,8 hasta los 900 euros, al tiempo que la inflación ha acumulado un alza del 28 %.
Si los ingresos de las familias mejoran, pero se mantiene cuasicongelado el índice en función del cual se otorgan las ayudas o calcula su cuantía, el resultado es que se obstaculiza o dificulta su acceso.
Desde UGT, consideran que, tras siete años de congelación y subidas pírricas, el incremento del 2 % es "totalmente insuficiente para atender a los colectivos más vulnerables".
Asimismo, recuerda que el artículo 2 del Real Decreto Ley 3/2004, de 25 de junio, determina como umbral mínimo de actualización anual del IPREM la previsión de inflación empleada en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), un vínculo que no se ha tenido en cuenta en la mayoría de los años.
En el mismo sentido, la secretaria de Empleo de CCOO, Lola Santillana, recuerda que con esta subida "habrá más personas que se queden sin acceso a las ayudas porque no alcancen los requisitos mínimos", por lo que exige al Gobierno que se revalorice al mismo ritmo que el salario mínimo interprofesional (SMI).
Un estudio elaborado por Belén Benjumea y dirigido por la catedrática de la Universidad de Sevilla María Dolores Pérez apunta a la necesidad de que el IPREM evolucione a la vez que lo hace la inflación, ya sea al alza o a la baja, porque lo contrario provoca que quienes menos tienen puedan perder poder adquisitivo.
No obstante, añade que ello también podría disparar el gasto público, por lo que considera conveniente "encontrar un equilibrio entre ambos aspectos".
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