17/01/2019 - 13:31
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Madrid, 17 ene (EFE).- El coste de garantizar un número suficiente de cabinas telefónicas, lo que el Gobierno ha decidido contra todo pronóstico mantener un año más, se disparó en 2016 un 118,2 % con respecto al año anterior hasta los 4,5 millones, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
A este incremento ha contribuido tanto el hecho de que Telefónica sigue desinstalando cabinas para que cada vez más municipios se ajusten al mínimo requerido por la regulación (un teléfono en cada municipio de 1.000 o más habitantes, a los que se suma uno más por cada 3.000) como al menor tráfico cursado por cabina, por su menor uso, un descenso continuado cada año.
La caída de su uso, de forma paralela a la extensión de la telefonía móvil, y el coste cada vez mayor de mantenimiento, en parte por el vandalismo que sufren, han influido en la lenta decadencia experimentada por las cabinas.
De las aproximadamente 16.000 cabinas que quedan en la actualidad son cuatro veces menos que las 65.000 que llegó a haber a finales de los años 90, sus años de mayor esplendor, una gran parte ya no son rentables y las que sí lo son no cubren la rentabilidad del conjunto del servicio.
De hecho, según la resolución aprobada por la CNMC, en 2016 había 2.655 municipios computables al servicio universal de telecomunicaciones no rentables, casi medio millar (480) que en 2015 y 3,2 veces más que los 822 que había en 2012.
El coste de mantener las cabinas telefónicas como prestaciones dentro del servicio universal, con el que se garantiza que todos los ciudadanos tenga acceso a los servicios de telecomunicaciones con independencia de su localización, no ha dejado de crecer en los últimos cuatro años.
Este coste, que era de 399.000 euros en 2012, se triplicó hasta los 1,2 millones en 2013 y ha seguido subiendo hasta los 1,3 millones en 2014, los 2,07 millones en 2015 y los 4,5 millones de 2016.
En el último Consejo de Ministros del año, el Gobierno decidió mantener hasta el 31 de diciembre de 2019 los teléfonos públicos de pago (cabinas) dentro del servicio universal de telecomunicaciones y designó a Telefónica como operador encargado de la prestación del servicio.
La compañía ya había sido designada directamente en los últimos años para llevarlo a cabo, después de que el último concurso convocado quedara desierto ante la falta de interés de los operadores.
El Gobierno quiere, prolongando un año más la vida de las cabinas, poder hacer un debate más amplio en el marco de la transposición del Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, de manera coordinada con la mayoría de países de la UE, y una revisión más completa del servicio universal.
El Ejecutivo sí ha eliminado otras dos prestaciones del servicio universal: las guías telefónicas y el servicio de consulta sobre números de abonado.
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