Cermi urge al Ministerio de Justicia a acelerar la regulación del facilitador procesal

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha hecho un llamado urgente al Ministerio de Justicia para que acelere la tramitación del real decreto destinado a regular la figura del facilitador procesal. Esta figura resulta esencial para ofrecer apoyo y asistencia a las personas con discapacidad en el ejercicio de su derecho fundamental de acceso a la Administración de Justicia, garantizando que puedan participar de manera efectiva en los procedimientos judiciales y administrativos que les conciernen.

La regulación de la figura del facilitador procesal en el ámbito judicial

El Cermi destacó, en un comunicado emitido este martes que aunque la figura del facilitador procesal ya fue mencionada en la Ley 8/2021, que reformó el derecho civil español para alinearlo con los principios establecidos en el artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, relativo a la igualdad de capacidad jurídica, aún es necesario contar con una disposición normativa de rango reglamentario a nivel estatal.

En este sentido, el Cermi subrayó la urgencia de aprobar un real decreto de desarrollo que establezca con claridad y precisión los detalles y procedimientos necesarios para la implementación de esta figura, de modo que se garantice su aplicación efectiva y se cubran todos los aspectos relevantes relacionados con su funcionamiento en el ámbito judicial.

Igualdad para las personas con discapacidad

El facilitador procesal se concibe como un recurso clave para asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, sin que su condición sea un obstáculo para su participación plena en el sistema judicial. Este tipo de apoyo resulta crucial en un contexto donde el acceso a la justicia debe ser inclusivo y adaptado a las necesidades de todas las personas, independientemente de su capacidad. Por tanto, el Cermi insiste en la necesidad de que el Ministerio de Justicia actúe con rapidez para que el marco normativo que regule esta figura esté plenamente en vigor cuanto antes, favoreciendo la accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito judicial.

Con el objetivo de avanzar en la creación de un marco adecuado, el Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) elaboró en el año 2023 una propuesta detallada de regulación sobre la figura del facilitador procesal. Esta propuesta fue enviada tanto a los Ministerios de Justicia como de Derechos Sociales, con el fin de presentar la postura del sector social de la discapacidad en relación con este tema. El propósito era proporcionar materiales orientadores que pudieran contribuir a la configuración normativa de la figura del facilitador judicial en el sistema legal español.

Derecho fundamental

Según la evaluación del Cermi, es esencial que la aprobación del real decreto que regula esta figura no se retrase más, ya que, en su ausencia, el facilitador procesal no podrá consolidarse ni expandirse adecuadamente dentro del sistema judicial español. Esta falta de regulación pondría en serio peligro el derecho de acceso a la justicia, un derecho fundamental que debe ser garantizado para todas las personas con discapacidad. Sin el facilitador procesal, este derecho podría verse gravemente debilitado, afectando de manera negativa la igualdad de acceso de las personas con discapacidad a los procedimientos legales.