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Sumar presentó el martes 23 de abril ante el Tribunal Constitucional su solicitud de amparo debido a la no aceptación de sus enmiendas a la reforma del artículo 49 de la Constitución. Argumentó, entre otras cosas, que en 2011 se aceptaron las enmiendas presentadas para modificar el artículo 135.
Sumar buscaba aprovechar la reforma del artículo 49, que reemplazó "disminuidos" por "personas con discapacidad", para incluir el Derecho Civil valenciano en la Constitución, según la propuesta de Compromís. Además, buscaba que la isla de Formentera pudiera elegir un senador que la representara exclusivamente, en lugar de compartirlo con Ibiza, como demandaba Més por Mallorca.
Sumar impugna rechazo de enmiendas constitucionales
No obstante, tanto la Mesa del Congreso de los Diputados como la del Senado, con el respaldo del PP y el PSOE, rechazaron las enmiendas de Sumar, al igual que las del PNV sobre la monarquía y la relación entre el Estado y las comunidades autónomas, debido a su resistencia a extender la reforma del artículo 49 a otros aspectos constitucionales.
En su recurso, Sumar argumenta que esta desestimación constituyó "una violación del derecho al ejercicio de cargo público establecido en el artículo 23 de la Constitución". Además, más adelante, precisa, haciendo referencia a la doctrina del propio TC, que el derecho de enmienda es "uno de los principales instrumentos mediante los cuales los diputados y grupos parlamentarios participan e intervienen en el ejercicio de la potestad legislativa".
Reforma constitucional
En cuanto al motivo específico de la inadmisión, que se centró en la discrepancia entre los motivos de las enmiendas y el objeto de la reforma del artículo 49, Sumar sostiene la "homogeneidad" entre las enmiendas y los textos a modificar, tanto en su objeto, la Constitución, como en el procedimiento legislativo por el que fueron tramitadas.
El recurso argumenta que "la función de calificación de la Mesa debe limitarse a su legalidad, es decir, a verificar la conformidad de las enmiendas presentadas con los parámetros y normas legales, y, en este sentido, el Reglamento de la Cámara no establece restricciones sobre el alcance del contenido de las mismas". Por lo tanto, no sería competencia de la Mesa evaluar si las enmiendas cumplían con esa homogeneidad con respecto al objeto de la reforma constitucional.
Artículo 135
Posteriormente, el documento menciona el precedente de que, durante la reforma de la Constitución para incluir el deber de estabilidad presupuestaria en el artículo 135, la Mesa del Congreso sí aceptó una enmienda de Coalición Canaria para modificar la disposición adicional tercera de la Carta Magna y reconocer la especificidad insular del archipiélago.
Además, en el recurso de Sumar se contempla la posibilidad de una conexión más estrecha entre el Derecho civil valenciano y la reforma del artículo sobre personas con discapacidad, al argumentar que el reconocimiento del primero podría llevar a una "regulación valenciana del modelo de asistencia a personas con diversas discapacidades".
Águeda Micó, portavoz de Compromís en el Congreso, respaldó estos puntos en su conferencia tras la Junta de Portavoces, sugiriendo que PSOE y PP vetaron la tramitación del Derecho civil valenciano por "incomodidad política".
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