El juez Andreu embarga 2,9 millones del plan de pensiones de Ángel Ron

Madrid, 6 feb (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha solicitado el embargo de 2,9 millones de euros correspondientes al plan de pensiones del expresidente del Banco Popular Ángel Ron, a fin de asegurar las posibles responsabilidades civiles derivadas de la causa que investiga su gestión.

En un auto al que ha tenido acceso Efe, el titular del juzgado central de Instrucción número 4 ordena dicho embargo preventivo "con la celeridad que requiere el asunto", solicitado por la Fiscalía Anticorrupción, de modo que se aseguren las "responsabilidades civiles y pecuniarias" de los implicados.

Se trata de 2,9 millones de euros suscritos en una póliza de seguros con Allianz, que "ya ha sido reclamada" por Ron.

Según consta en el texto, ha sido la propia compañía aseguradora la que ha comunicado al juzgado la solicitud del expresidente del Popular, entidad ahora englobada dentro del Grupo Santander tras su resolución y posterior venta al precio simbólico de un euro.

Un aviso que Allianz amparó en "la notoriedad de las querellas presentadas contra Ángel Ron y la posibilidad de que pudiera llegar a entenderse que la prestación de pago derivada de la póliza constituya una retribución de su cargo como consejero del Popular y, llegado el caso, considerada ilícita, como el resto de conceptos salariales objeto de la investigación".

La medida sólo va dirigida en el marco de la pieza separada que investiga la ampliación de capital realizada por la entidad en 2016 por un valor de 2.505 millones de euros, de la que la Fiscalía y las acusaciones particulares señalan a Ron como principal responsable.

Al margen de ésta, el juez Andreu abrió una segunda investigación por posible manipulación del mercado tras la publicación de noticias con datos e información presuntamente falsos para hacer caer el valor de las acciones y obtener beneficios, ya con Emilio Saracho al frente.

Las acusaciones atribuyen a Ron, Saracho, sus respectivos consejos de administración y la firma auditora PwC presunta falsedad societaria, administración desleal, falsedad documental y un supuesto delito contra los consumidores y el mercado, si bien ninguno de los investigados ha sido citado a declarar por el momento.