El nuevo plan de vivienda apuesta por el alquiler y eleva las subvenciones un 62%

Madrid, 9 mar (EFE).- El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, aprobado hoy por el Gobierno, contempla subvenciones por 1.443 millones de euros, un 62,5 % más que el anterior, y pone el acento en promover el alquiler, facilitar el acceso a la vivienda a colectivos vulnerables e impulsar la regeneración urbana y rural.

El plan, que tiene efectos retroactivos desde el 1 de enero, refuerza las ayudas al alquiler, extiende a la inversión privada las subvenciones para promover viviendas destinadas al arrendamiento, establece ayudas para jóvenes que vivan en municipios poco poblados y diseña un programa para alquilar viviendas desocupadas de entidades financieras a personas en situación de desahucio.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha destacado hoy, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, que el plan es "fruto de un amplio proceso de participación" y tiene una "enorme vocación social".

Según De la Serna, los dos grandes objetivos son promover el parque de viviendas en alquiler y fomentar la rehabilitación y la regeneración urbana y rural.

Las subvenciones estatales pasan de los 888,2 millones de euros del periodo 2013-2016 a los 1.443 millones contemplados en el Plan 2018-2021, un 62,5 % más. En 2017, se prorrogó por un año el plan anterior.

De esos 1.443 millones, a los que hay que sumar la cofinanciación de las comunidades autónomas, 350 millones corresponden a este año, 357 millones a 2019, 364 millones a 2020 y 372 millones a 2021.

Fomento espera conceder 557.109 ayudas durante la vigencia del plan y calcula que las actuaciones contempladas permitirán crear 60.320 puestos de trabajo.

Según De la Serna, a partir de ahora se irán cerrando los convenios con las comunidades autónomas, un proceso que se alargará dos o tres meses, hasta junio.

Fomento detallará el Plan Estatal a las comunidades autónomas en la próxima Conferencia Sectorial de Vivienda, prevista para el 15 de marzo.

El plan incluye ayudas para alquileres que no superen los 600 euros al mes, y se eleva a 900 euros en casos excepcionales, con un límite de la ayuda que será del 40 % de la renta, porcentaje que sube al 50 % para menores de 35 años y mayores de 65.

El plan, que incluye un programa de fomento del parque de viviendas para alquiler, que se extiende por primera vez a las promociones de titularidad privada, crea un nuevo programa para alquilar viviendas desocupadas de entidades financieras a personas en situación de desahucio, con un precio que no podrá superar los 400 euros al mes y el importe de la ayuda puede llegar al cien por cien.

Para hacer frente al reto demográfico, se concederán ayudas a los jóvenes que vivan en municipios de menos de 5.000 habitantes para alquilar o comprar su vivienda habitual, y por primera vez se darán ayudas para la rehabilitación de viviendas unifamiliares en el medio rural.

La inversión total prevista en rehabilitación y regeneración urbana y rural y en la promoción de viviendas para alquiler ascenderá a 3.047 millones, incluyendo la cofinanciación autonómica.

De esa cifra 1.218 millones corresponden a las ayudas públicas y 1.829 millones a la inversión privada inducida.

La directora de Estudios de Fotocasa, Beatriz Toribio, ha señalado que el nuevo plan es "positivo" porque "viene a paliar, en parte, la falta de ayudas" a los colectivos con menos recursos.

"Lo mejor del plan es que se centra en los segmentos de la población que más dificultades tienen para acceder a una vivienda, como son los jóvenes, los mayores de 65 años y las personas en situación de desahucio", ha explicado.

El jefe de Estudios de Idealista, Fernando Encinar, considera positivo que el Gobierno se preocupe del mercado del alquiler, aunque cree que el camino elegido no es el más eficaz, y agrega que dar ayudas directamente a jóvenes menores de 35 años podría provocar un aumento artificial del precio en los tramos más bajos.

En la misma línea, Ferran Font, director de Estudios de Pisos.com, ha señalado que, con las ayudas al alquiler, "se corre el riesgo de que ese aumento de la capacidad de pago del inquilino se traslade a los precios".

Por el contrario, Font considera "bastante acertado" limitar las ayudas a la compra a los municipios de menos de 5.000 habitantes.