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Valladolid, 6 mar (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Léon ha desestimado el recurso presentado por la empresa Patatas Meléndez, propiedad del marido de la expresidenta de las Cortes por el PP y ahora candidata las primarias de Cs, Silvia Clemente, contra una resolución de la Consejería de Agricultura que denegaba el pago de una subvención de 598.000 euros.
La sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal, con sede en Valladolid, entiende que de las seis tareas cuya justificación y pago se pretenden en el expediente del proyecto que presentó esta empresa, cuatro ya fueron justificadas y pagadas por la Junta en 2013 en otro expediente de similares características, en un momento en el que Clemente era la consejera de Agricultura y Ganadería.
Por otra parte, el TSJCyL aprecia indicios de una posible manipulación de documentos aportados en el expediente estudiado, al existir "dudas razonables sobre la autenticidad" de un informe referido al contrato en cuestión, fechado el 26 de septiembre de 2012, que fue aportado por la empresa en julio de 2016 y que sólo tiene en su primera página el membrete del Instituto Tecnológico Agrario (Itacyl) y la firma de Manuel Ariza, mientras que el resto de páginas carecen del membrete.
Sobre este asunto, el Juzgado de Instrucción 3 de Valladolid estudia una supuesta desaparición de este expediente después que la Consejería de Agricultura y Ganadería dirigida por Milagros Marcos, que sucedió en el cargo a Silvia Clemente, pusiese en conocimiento de la Fiscalía que ese expediente no aparecía ni en formato digital ni físico.
De hecho, en la sentencia conocida este miércoles figura una comunicación del Itacyl a la Fiscalía en la que afirma que "al parecer" las carpetas digitales de la documentación requerida, en referencia al "informe final" sobre el proyecto en cuestión, se eliminaron en abril de 2013 "por indicación del entonces jefe del Área de Innovación y Optimización de Procesos, responsable también de la Unidad de Transferencia Tecnológica, don Manuel Ariza".
El actual director del Itacyl, Jorge Llorente Cachorro, contestó en octubre pasado al TSJ que fue el 14 de marzo de 2018 cuando este organismo denunció la inexistencia de la documentación que solicitaba este mismo tribunal e insistió en que siguen sin aparecer dichos documentos.
En ese mismo escrito, el responsable del Itacyl explicó que sí se habían localizado "diferentes versiones del informe final", pero añadió que "no se puede garantizar su autenticidad" porque no se ha podido cotejar con el original "ni aparecen firmadas en la forma establecida" en el sistema de calidad de esta entidad dependiente de la Consejería de Agricultura y Ganadería.
Ante estas dudas acerca de la autenticidad, la sentencia plantea que "no se entiende" que la empresa recurrente "no haya presentado el original o una copia del original que se supone ha de tener en virtud del contrato de asesoramiento y asistencia técnica para la realización del proyecto suscrito con el Itacyl el 2 de enero de 2009".
Tampoco comprende el tribunal la razón por la cual la empresa demandante no ha pedido que testifique el autor o autores de los informes finales de ambos proyectos, para aclarar si efectivamente se trataba de un error.
Frente a la tesis defendida por la empresa para reivindicar el pago a la Consejería, en el sentido de que había un "error" del propio Itacyl, el TSJCYL ha sostenido que no puede considerarse como "un mero error formal" sino que los trabajos previstos en ambos proyectos se habían duplicado.
Así, el Tsjcyl ha decidido remitir testimonio de particulares de esta sentencia y de la documentación obrante en el presente recurso al Ministerio Fiscal y al Juzgado de Instrucción 3 de Valladolid a los efectos que se estimen oportunos.
La empresa recurrirá la sentencia, pues considera que no se ajusta a derecho al estar fundamentada en "documentos de los que Patatas Meléndez no ha tenido conocimiento durante la tramitación judicial", según han informado a la Agencia Efe fuentes de la compañía.
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