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La Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España (EAPN-ES) alertó que, en caso de eliminarse todas las ayudas y prestaciones, incluidas las pensiones de jubilación y de supervivencia, 10,8 millones de personas en el país caerían en la pobreza.
Este dato se encuentra entre las conclusiones del XIV Informe "El Estado de la Pobreza. Pobreza y Territorio. Comunidades autónomas y Europa", presentado el pasado lunes en el Senado. Según el informe, en la “mayoría” de las comunidades autónomas, la falta de estas transferencias, incluidas las pensiones, podría provocar un aumento de más del 50 % en las tasas de pobreza. Esta situación no se aplica a regiones con índices de pobreza “muy elevados”, como la Región de Murcia, Canarias, Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía.
El impacto de las pensiones en la reducción de la pobreza
En el otro extremo se encuentran Cantabria, Aragón, el País Vasco y Asturias, regiones donde, según la red, las transferencias "tienen un impacto más significativo en la reducción de la pobreza". Sin considerar las pensiones, se observa que el efecto de las transferencias estatales es efectivo en todas las comunidades, aunque con variaciones que podrían estar relacionadas con la calidad o el alcance de las ayudas.
Asimismo, las pensiones de jubilación y supervivencia, en su opinión, desempeñan "una función reguladora crucial", no solo en la calidad de vida de las personas mayores, sino también en la de aquellos que viven con ellas y se benefician de estas.
El informe, que incluye nuevos capítulos sobre la situación en las comunidades autónomas y en Europa, complementa los datos del XIV Informe ‘El Estado de la Pobreza en España’, presentado en junio en el Congreso. Revela que, a nivel estatal, las pensiones por jubilación reducen la pobreza en 5,4 puntos entre las personas de 0 a 64 años, beneficiando a dos millones de personas, aunque el “efecto amortiguador” es menor en las comunidades autónomas con mayores tasas de pobreza.
La brecha norte-sur en España y su comparativa con Europa
En Europa, el informe destaca la necesidad de fortalecer el papel del Estado en derechos sociales, señalando que, aunque las transferencias son importantes, su efecto en España es menor que en otros países de la UE. Mientras en España reducen la pobreza un 52,6 %, en Alemania lo hacen en un 64,9 %, en Francia un 67,2 % y en Finlandia un 70,7 %.
Además, la investigación evidencia una gran asimetría territorial norte-sur en la pobreza y exclusión social. Las comunidades del norte tienen tasas de pobreza entre 0,8 y 11,5 puntos porcentuales por debajo de la media nacional (26,5 %), incluso inferiores a las europeas. En contraste, las del sur presentan tasas muy elevadas, de entre 1,5 y 10,9 puntos por encima de la media nacional y superiores a las de cualquier país de la UE.
Entre las causas de esta brecha se mencionan factores geográficos, distribución poblacional, gestión política y estrategias de cohesión social.
El crecimiento económico no basta
El informe revela que el crecimiento económico no garantiza condiciones de vida digna para todos y que se requieren políticas redistributivas más intensas, incluidas las pensiones. A pesar de que el Producto Interior Bruto (PIB) ha crecido en todas las regiones desde 2015, la tasa de pobreza solo ha disminuido en diez de ellas. Por ejemplo, en comunidades como La Rioja y la Comunidad de Madrid, el PIB aumentó más del 15 %, pero la reducción de la pobreza fue mínima, entre el 1 y el 3 %.
La investigación destaca que el riesgo de pobreza o exclusión social ha crecido, pasando del 26 % en 2022 al 26,5 % en 2023, afectando a 12,7 millones de personas. Solo Canarias, Castilla-La Mancha y Extremadura han mejorado su situación. Además, el 4,3 % de la población, alrededor de dos millones de personas, no puede mantener una vida digna a pesar de tener ingresos superiores al umbral de pobreza.
La red advierte que la pobreza es un problema estructural que requiere políticas sociales permanentes y no solo respuestas acrisis. Se insiste en la necesidad de un Pacto Estatal de Lucha contra la Pobreza que cuente con el consenso de todas las partes implicadas.
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