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El debate sobre el papel de la energía nuclear en la transición energética española se intensifica es año 2026. Según analiza El Periódico de la Energía, la elevada carga fiscal que soporta el parque nuclear y la necesidad de garantizar la seguridad del suministro eléctrico se posicionan como los factores determinantes que condicionan el calendario de cierre progresivo previsto entre 2027 y 2035.
El pasado mes de agosto el Gobierno dio su brazo a torcer y finalmente decidió aprobar la prórroga de los dos reactores de la central nuclear de Almaraz hasta junio de 2030. Una decisión que abre un nuevo panorama energético en España ya que cabe la posibilidad de que el apagón nuclear no se vaya a llevar a cabo tal y como se redactó en el protocolo de cierre de 2019.
Ahora mismo están todas las ventanas abiertas y puede suceder cualquier cosa. Lo único que se sabe con seguridad es que los siete reactores van a estar operativos al menos hasta dentro de 3 años y 10 meses, si no sucede un imprevisto.
A partir de ahí, el futuro nuclear pasa por las manos de los próximos gobiernos. Pero dejando de lado las posiciones de los distintos partidos políticos, existen dos palancas que son claves para la operación futura de las centrales nucleares en España: contando desde el inicio con la mayor de las seguridades, las dos claves son la fiscalidad que soportan estos activos y la seguridad de suministro en el sistema eléctrico. Vayamos por partes.
Carga fiscal y viabilidad económica del parque de energía nuclear
La viabilidad operativa de las centrales nucleares españolas se encuentra estrechamente ligada a su marco tributario. La acumulación de tasas estatales, autonómicas y los peajes destinados a Enresa para la financiación del desmantelamiento y la gestión de residuos de alta actividad suponen una presión económica sustancial.
Las empresas propietarias señalan que un incremento desproporcionado de los costes impositivos compromete la rentabilidad de las plantas, aumentando el riesgo de un cese de actividad prematuro por razones estrictamente financieras antes de las fechas pactadas.
Seguridad de suministro y respaldo a las renovables
El segundo vector crítico es la garantía de un suministro eléctrico firme y continuo. Mientras España acelera el despliegue de energía solar y eólica, la energía nuclear actúa como energía de base no intermitente. La desconexión gradual de los reactores plantea incertidumbres sobre la cobertura de la demanda en picos de consumo o periodos de baja generación renovable, obligando al sistema a recurrir temporalmente a ciclos combinados de gas, lo que incrementaría tanto la huella de carbono como la dependencia de combustibles fósiles importados.
Criterios ESG, descarbonización y estabilidad regulatoria
Desde la perspectiva de la sostenibilidad y los criterios ESG, el papel de la energía nuclear genera implicaciones complejas:
- Dimensión Ambiental (E): Aporta generación masiva libre de emisiones directas de CO2 en la fase de producción, aunque mantiene el reto del almacenamiento seguro de los residuos radiactivos a largo plazo.
- Dimensión Social (S): Incide en el precio final de la electricidad para consumidores e industrias electrointensivas, garantizando además el empleo cualificado en las comarcas donde se ubican las instalaciones.
- Gobernanza (G): Exige una planificación energética coherente y estable a largo plazo, donde las decisiones tributarias y de política industrial proporcionen certidumbre regulatoria a los inversores del sector.
La sostenibilidad económica del parque nuclear y la estabilidad del sistema eléctrico son condiciones indispensables para que el calendario de transición no comprometa la competitividad de la industria.
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