La Ley de eutanasia puede dar a entender que las personas con discapacidad son descartables

La Confederación Plena Inclusión España ha alertado este lunes de que la nueva Ley de eutanasia puede dar a entender que las personas con discapacidad son descartables.

"Puede transmitir el mensaje de que estas personas son descartables”

Plena Inclusión ha alertado del “impacto profundamente negativo en las personas con discapacidad” de algunos de los supuestos habilitantes contemplados en la Ley general de regulación de la Eutanasia, que pueden “transmitir el mensaje de que estas personas son descartables”.

La redacción de la norma comprende “términos como ‘padecimiento grave, crónico e imposibilitante’", que a su juicio “generan un paralelismo muy peligroso con las situaciones que viven muchas personas con grandes necesidades de apoyo”. Un 85 % de los españoles estaban a favor de que se permita esta práctica, según una encuesta que hizo Metroscopia en 2018.

Según el presidente de esta organización, Santiago López, esta formulación puede agravar “el estigma social de considerar que la vida (de estas personas) no es igual de digna o que no merece ser vivida”.

"Ley de Eutanasia puede generar un posible perfil de descarte sistemático"

“Este efecto no deseado de la Ley de Eutanasia puede generar un posible perfil de descarte sistemático que nos retrotrae a las épocas más oscuras de nuestra historia”, advirtió López.

Además, alertó, la ley no prevé salvaguardas y garantías suficientes para proteger la vida en el caso de las personas con grandes necesidades de apoyo y su toma de decisiones, ni para rectificar en su caso las declaraciones de últimas voluntades. De hecho, “establece un certificado médico como el único elemento necesario para ejecutar una acción de irreparables consecuencias, que precisa de intervención judicial para la protección de las personas y sus derechos”.

De ahí que el colectivo de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (parálisis cerebral, autismo y síndrome de Down) “corra un mayor riesgo de desprotección”, consideró, “por sus especiales características y por la incomprensión social y ausencia de un sistema de apoyos lo suficientemente intenso”.

La nueva Ley de eutanasia

Por ello, se unió al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) para demandar “una inmediata modificación de la Ley que elimine toda discriminación por discapacidad”.

Por otra parte, la ONU también cree que esta ley estigmatiza y discrimina a la discapacidad. Supone "una depreciación de las personas con discapacidad" y alerta de que su aprobación "tendría un impacto profundamente negativo en las personas con discapacidad, con el peligro de una pérdida alta de vidas". Considera que el texto "discrimina y estigmatiza" a las personas con discapacidad como "vidas de menor valor".

Igualmente, considera "profundamente desconcertante que, precisamente en el momento en que se está tramitando un proyecto de ley de reforma de la legislación civil y procesal para poner fin a la sustitución de las personas con discapacidad en la toma de decisiones, se apruebe una disposición de esta naturaleza que permite que esa sustitución se aplique en una decisión tan grave como poner fin a la propia vida, y además sin control judicial alguno".

España, el sexto país del mundo en aprobar la eutanasia

Esta práctica es la actuación que produce la muerte de una persona de forma directa e intencionada. Para que sea legal ha de existir una petición informada, expresa y reiterada en el tiempo. La ayuda a morir debe llevarse a cabo en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad o padecimiento incurable que la persona experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios.

Por su parte, España está a punto de convertirse en el sexto país del mundo en aprobar la eutanasia, después de que el proyecto haya sido avalado en la Cámara de Diputados con una amplia mayoría, 198 votos a favor, 138 en contra y dos abstenciones, y esté próximo a conseguir una sanción favorable en el Senado.

Si no se aprueban enmiendas en el Senado, lo que no parece probable, ya solo faltará que la Cámara alta la ratifique para que entre en vigor. De tal forma que cualquier persona mayor de edad, con nacionalidad española o residencia legal en España y capacidad de obrar y decidir puede solicitar ayuda para morir. Lo ha de hacer de forma autónoma, consciente e informada.