27/02/2020 - 08:54
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En el marco de la 'operación Bravos', la Guardia Civil ha liberado a 61 personas sometidas a explotación laboral. Además desarticuló la organización delictiva especializada en la trata de ciudadanos del Este que las tenía retenidas.
Las víctimas trabajaban jornadas de 11 horas todos los días a cambio de salarios irrisorios
La Guardia Civil detuvo durante la investigación y el operativo a cinco personas de nacionalidad rumana a las que se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal y de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, habiendo ingresado cuatro de ellas en prisión.
Los líderes de esta organización, un matrimonio rumano de 45 y 49 años, tenían antecedentes policiales por hechos similares y fueron detenidos en la provincia de Castellón.
En la mayoría de los casos estas personas liberadas regresaron a sus países de origen siendo sus declaraciones fundamentales para corroborar los hechos investigados.
Respecto a la jornada laboral, realizaban trabajos de recogidas de cítricos desde las 7:30 horas hasta las 18:30 horas, de lunes a domingo, con un descanso de 15 minutos para comer.
Vivían en casas donde hasta 25 personas llegaron a compartir tres habitaciones y una cocina
Aprovechando la situación de vulnerabilidad en su país de origen, este matrimonio captaba a personas ofreciéndoles un contrato de trabajo en España con remuneraciones en metálico por los trabajos realizados, así como una vivienda digna y gratuita durante toda la duración del contrato laboral.
Al llegar a España, estas personas eran distribuidas en distintas casas de la organización. El citado matrimonio les informaba de la necesidad de tener que solicitar una serie de documentos para poder trabajar legalmente en España, aunque estos documentos jamás eran entregados.
Con la finalidad de tenerlos controlados en todo momento, les prohibían salir de las casas donde se alojaban, salvo para ir a trabajar. Entonces tenían que ir siempre acompañados por personas pertenecientes a la organización delictiva investigada.
A continuación se les informaba sobre el pago que tenían que realizar en concepto de traslado al lugar de trabajo o el pago de 75 euros mensuales en concepto de alquiler de vivienda.
La organización les dijo que les pagarían en metálico, pero los obligaron a abrir cuentas corrientes
Para que la organización pudiera retirar a su antojo el dinero ingresado por las Empresas de Trabajo Temporal en las cuentas corrientes de los trabajadores, obligaban a los trabajadores a abrir una cuenta corriente en una entidad bancaria, con la excusa de que cobrarían mediante transferencia.
Una vez que tenían el control de ese dinero, remitían la mayor parte del mismo a su país de origen, con objeto de blanquearlo.
La investigación determinó que además de estos delitos, la organización mantenía hacinados a los trabajadores, limitando su libertad y teniendo que trabajar en unas condiciones totalmente ilegales conforme al marco jurídico español.
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