España avanza en formación de adultos, pero las desigualdades marcan el ritmo del progreso

España ha logrado incrementar la participación de su población adulta en actividades formativas, un indicador clave para la competitividad y la inclusión social. Sin embargo, este avance no se distribuye de manera equitativa: quienes ya parten con mayor cualificación son los que más se forman, mientras que los colectivos con menores estudios, mayor edad o en sectores menos dinámicos quedan rezagados. Esta es la radiografía que dibuja el informe FP Análisis número 46, elaborado por CaixaBank Dualiza y Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad, que examina la evolución reciente de la formación de adultos reglada y no reglada en el país y las brechas asociadas a nivel educativo, territorio, sexo, edad, situación laboral, ocupación y sector de actividad.

Un crecimiento modesto, impulsado por la formación de adultos no reglada

En 2025, el 15,8 % de las personas de entre 25 y 64 años declaró haber participado en alguna actividad de formación (reglada o no reglada) en las cuatro semanas previas a la entrevista de la Encuesta de Población Activa (EPA). Esta cifra representa un aumento de 1,5 puntos porcentuales respecto a 2021, lo que confirma una tendencia al alza, aunque moderada.

El motor de este crecimiento ha sido la formación de adultos no reglada (cursos, talleres, seminarios, formaciones en el puesto de trabajo, etc.), que pasó del 10,8 % de la población adulta en 2021 al 12,2 % en 2025. En cambio, la formación reglada (aquella que conduce a una titulación oficial) apenas se movió: del 4 % al 4,1 % en el mismo periodo. Esto sugiere que el sistema está respondiendo con flexibilidad a demandas de reciclaje y especialización, pero que el acceso a itinerarios con certificación formal sigue siendo más rígido o menos atractivo para gran parte de la población.

España por encima de la media europea, pero con menor dinamismo

Con un 15,8 % de participación, España se sitúa por encima de la media de la UE-27, que en 2025 fue del 13,7 %. No obstante, el ritmo de progreso español ha sido más lento que el comunitario: mientras la participación en la UE creció 2,8 puntos desde 2021, en España el incremento fue de 1,5 puntos. Además, la distancia con los países líderes sigue siendo amplia: algunas naciones nórdicas superan el 30 % de formación de adultos, lo que indica que hay un amplio margen de mejora si España quiere acercarse a los referentes europeos en aprendizaje a lo largo de la vida.

Uno de los hallazgos más contundentes del estudio es el peso del nivel educativo previo como factor determinante. En 2025, el 25,9 % de las personas con estudios universitarios participó en alguna actividad formativa, frente a solo el 6,4 % de quienes no superaron los estudios obligatorios. Esta brecha de casi 20 puntos refleja un círculo vicioso: quienes más necesitan actualizar competencias son precisamente los que menos acceden a oportunidades de aprendizaje.

Este patrón se repite en otros indicadores. Entre la población con menor nivel educativo, la participación se concentra casi exclusivamente en formación de adultos no reglada (5,5 %), mientras que la reglada apenas alcanza el 1,2 %. Esto limita las posibilidades de obtener credenciales que mejoren la empleabilidad y perpetúa las desigualdades de origen.

Brechas por edad, sexo, territorio y situación laboral

El informe también documenta diferencias significativas en función de otras variables:

• Edad: La participación disminuye conforme aumenta la edad. Los jóvenes de 25 a 29 años lideran con un 30,9 %, mientras que el tramo de 55 a 64 años apenas llega al 9,2 %.
• Sexo: Las mujeres se forman más que los hombres (17,5 % frente a 14,1 % en 2025), una ventaja que se mantiene en todos los grupos de edad y niveles educativos.
• Territorio: Hay comunidades con tasas muy por encima de la media nacional, como País Vasco (19,8 %), Comunitat Valenciana (18,3 %) y Navarra (18,1 %), y otras muy por debajo, como Melilla (11,5 %), Canarias (13,1 %) y Andalucía (13,7 %).
• Situación laboral y sector: Los trabajadores de mayor edad, ciertos perfiles ocupacionales y sectores de actividad presentan tasas de participación significativamente inferiores, lo que apunta a barreras estructurales en el acceso a la formación continua.

Implicaciones para la política de formación permanente

Los datos del FP Análisis número 46 envían un mensaje claro: España avanza en la dirección correcta, pero el ritmo y la distribución del progreso son insuficientes para cumplir los objetivos europeos de 2030 y para garantizar una transición justa hacia una economía más digital y verde. Para cerrar las brechas, será necesario diseñar políticas que:

• Faciliten el acceso a formación de adultos reglada con baja cualificación.
• Incentiven la participación de trabajadores mayores y de sectores con menor dinamismo formativo.
• Refuercen la coordinación entre administraciones para reducir las diferencias territoriales.
• Promuevan itinerarios flexibles que combinen formación de adultos no reglada y reglada, con reconocimiento de competencias.

Sin estas medidas, el riesgo es que la formación de adultos permanente se convierta en un privilegio de los ya cualificados, en lugar de en una herramienta de igualdad de oportunidades.