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La administración estadounidense ha desencadenado una intensa controversia jurídica y ética internacional tras confirmar la reactivación de la pena capital en el ámbito castrense. Según recoge La Vanguardia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado luz verde formal a la ejecución por pelotón de fusilamiento de Nidal Malik Hasan —el excomandante y psiquiatra militar condenado a muerte por el tiroteo masivo perpetrado en 2009 en la base militar de Fort Hood (Texas), en el que asesinó a 13 personas e hirió a más de una treintena—. Además de recuperar un método en desuso dentro de las Fuerzas Armadas, el mandatario estadounidense ha señalado esta semana que evalúa autorizar la retransmisión televisada en directo del ajusticiamiento, justificando que la difusión pública del acto podría tener un efecto disuasorio frente a futuros ataques.
El atentado de Fort Hood y la primera ejecución militar estadounidense desde 1961
El reo al que se refiere la orden ejecutiva es Nidal Malik Hasan, protagonista del mayor tiroteo registrado en una instalación militar dentro de territorio estadounidense. El 5 de noviembre de 2009, Hasan —entonces comandante y psiquiatra del Ejército que estaba a punto de ser desplegado en Afganistán— abrió fuego en el Centro de Procesamiento de Preparación de Soldados de Fort Hood, causando la muerte de 13 militares y civiles e hiriendo a otras 32 personas antes de ser neutralizado por disparos policiales que lo dejaron parapléjico. En agosto de 2013, un consejo de guerra militar lo declaró culpable por unanimidad de 13 cargos de asesinato premeditado y 32 de intento de asesinato premeditado, imponiéndole la pena de muerte.
Bajo el Código Uniforme de Justicia Militar (UCMJ), ninguna sentencia de muerte dictada por un tribunal militar contra un miembro del servicio activo puede consumarse sin la firma y confirmación directa del presidente de Estados Unidos en su calidad de comandante en jefe. La ratificación de la condena por parte de Trump y su elección del pelotón de fusilamiento supondría la primera ejecución llevada a cabo por el Ejército de EE. UU. desde 1961 —cuando fue ahorcado el soldado raso John A. Bennett— y el primer fusilamiento militar desde la Segunda Guerra Mundial.
La emisión pública del fusilamiento y el debate sobre el espectáculo punitivo
El elemento que ha encendido las alarmas en los organismos de derechos humanos y juristas constitucionales radica en la posibilidad de retransmitir en directo el fusilamiento. En declaraciones a los medios, Trump admitió que la decisión final sigue sobre la mesa y deslizó un enfoque punitivo radical: «Al mostrarlo, quizá otras personas no hagan lo que él hizo [...] Realmente no me importa cómo muera, mientras muera, y creo que la pena de muerte es una forma muy adecuada de hacerlo en su caso».
La propuesta de televisación rompe con décadas de hermetismo institucional en las ejecuciones penitenciarias estadounidenses, tradicionalmente restringidas a un reducido grupo de testigos oficiales, periodistas acreditados y familiares directos de las víctimas. Los partidarios de la retransmisión apelan a la transparencia procesal y a la ejemplaridad del castigo, mientras que organizaciones civiles y especialistas en derecho constitucional advierten de que convertir un ajusticiamiento estatal en un espectáculo mediático de masas vulneraría la Octava Enmienda de la Constitución de EE. UU. (que prohíbe los castigos crueles e inusuales) y degradaría los estándares de decencia internacional.
Protocolos del Pentágono, fijación de fechas y recursos pendientes
A pesar del anuncio presidencial, la fecha exacta de la ejecución debe ser determinada formalmente por la secretaría del Ejército en coordinación con el Departamento de Defensa. El procedimiento de fusilamiento militar exige protocolos técnicos estrictos de selección de tiradores, armamento reglamentario y salvaguardas médicas que no se activan formalmente desde hace más de ocho décadas.
En paralelo, se prevé que la defensa letrada de Hasan agote las últimas vías de apelación de urgencia ante el Tribunal Supremo federal para frenar el fusilamiento, alegando el deterioro físico del reo derivado de su paraplejia y la inconstitucionalidad de los métodos punitivos elegidos. Mientras tanto, la iniciativa de Trump forma parte de una estrategia política más amplia orientada a endurecer al máximo el sistema penal federal y restaurar métodos históricos de ejecución para grandes narcotraficantes y homicidas de agentes del orden.
«Al mostrarlo, quizá otras personas no hagan lo que él hizo. Realmente no me importa cómo muera, mientras muera, y la pena de muerte es una forma muy adecuada de hacerlo en su caso».
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