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El Consejo de Ministros autoriza el reparto territorial ordenado de los fondos gestionados por las diversas comunidades autónomas y el Ingesa para expandir decididamente las prestaciones básicas del Sistema Nacional de Salud.
El acceso a la sanidad pública y universal de calidad da un paso estratégico crucial en nuestro país hoy. El Consejo de Ministros ha autorizado la propuesta de distribución territorial de los créditos financieros gestionados por las diversas comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) para impulsar la ampliación de la cartera común de servicios de salud bucodental en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Esta importante dotación económica, que asciende a 60.058.000 euros, tiene como meta prioritaria reducir las desigualdades sociales en el cuidado preventivo y asistencial de la población, garantizando que las prestaciones públicas esenciales lleguen con equidad a quienes más lo necesitan en su día a día.
Una respuesta pública a una necesidad global urgente
La medida responde a una demanda histórica de los profesionales sanitarios y a una realidad epidemiológica de carácter internacional. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más de 3.500 millones de personas padecen actualmente enfermedades orales, situándose como una de las afecciones no transmisibles más prevalentes a nivel mundial. Además, numerosos estudios científicos muestran la estrecha relación entre la situación socioeconómica y la prevalencia de estas patologías. Por ello, robustecer la cobertura de la salud bucodental resulta indispensable para mitigar una brecha que afecta principalmente a las rentas más bajas y vulnerables del tejido social.
Un impulso histórico para consolidar la salud bucodental en España
La ampliación de la cartera común de servicios de salud bucodental forma parte de las líneas estratégicas acordadas de forma unánime en el seno del Consejo Interterritorial para reforzar la equidad en el acceso sanitario. El plan nacional prioriza especialmente a la población infantil y juvenil, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y pacientes con procesos oncológicos cervicofaciales. Con esta inyección de fondos, se garantiza la continuidad de programas preventivos que evitan de forma eficaz que el coste de los tratamientos sea una barrera económica insalvable para el bienestar general y el desarrollo saludable de las familias.
Incremento constante en la cobertura de colectivos prioritarios
Los datos demuestran que las inversiones previas están ofreciendo resultados tangibles en la población beneficiaria. Durante el último año, este despliegue operativo permitió alcanzar una cobertura del 30,4 % en la población infantojuvenil, lo que supone un incremento de 5,2 puntos respecto al ejercicio anterior. Asimismo, se logró alcanzar una cobertura del 25 % en el colectivo de mujeres embarazadas. Estos avances reflejan el compromiso de la sanidad con la prevención médica temprana, un pilar fundamental para asegurar de forma sostenible una adecuada salud bucodental desde la infancia.
Incorporación progresiva de las personas mayores de 65 años
Una de las novedades es la progresiva incorporación de la tercera edad como nuevo grupo beneficiario de las prestaciones públicas. Tras haber iniciado en el año 2025 la inclusión de los mayores de 65 años, este grupo ya registra una cobertura inicial cercana al 3 %. La intención clara del Ministerio de Sanidad es potenciar esta cifra con la nueva inversión aprobada, facilitando tratamientos clínicos clave para mejorar su bienestar nutricional y diario. Así, el cuidado y la salud bucodental se convierten en un derecho consagrado que acompaña a los ciudadanos durante su vejez.
Criterios técnicos de reparto y ejecución hasta el año 2028
El acuerdo de distribución aprobado contempla de forma unánime que el 10 % de los fondos se asigne atendiendo al peso poblacional real de las personas mayores de 65 años en cada comunidad autónoma e Ingesa, mientras que el 90 % restante de la partida presupuestaria se destinará a consolidar la atención en los colectivos vulnerables ya priorizados. Los criterios de reparto incorporan variables muy ponderadas según las necesidades específicas de los distintos grupos atendidos, incluyendo exhaustivamente a menores de 0 a 14 años, mujeres gestantes, personas con una discapacidad igual o superior al 33 % y aquellos pacientes crónicos con complejos procesos oncológicos del territorio cervicofacial.
Del importe total autorizado por las autoridades del Gobierno, exactamente 331.437,31 euros corresponden a la gestión directa del Ingesa. Estos fondos públicos transferidos deberán ejecutarse en su totalidad hasta el año 2028, periodo de vigencia durante el cual las comunidades autónomas tendrán la obligación legal de remitir informes y datos periódicos de cobertura e indicadores asociados a este plan estratégico de salud bucodental nacional para toda la ciudadanía española.
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