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El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la Oferta de Empleo Público (OEP) correspondiente a 2026, una de las más amplias de los últimos años y con un marcado enfoque hacia la digitalización de la administración. El Ejecutivo ha autorizado un total de 37.017 plazas para personal funcionario y laboral, una cifra que supera en 429 puestos la aprobada el año anterior y que, según el Gobierno, permitirá reforzar servicios esenciales y avanzar en la modernización del sector público.
La medida busca responder a las necesidades de personal que afronta la Administración General del Estado y otros organismos dependientes, en un contexto marcado por las jubilaciones masivas y por la necesidad de incorporar nuevos perfiles especializados en tecnología, inteligencia artificial y ciberseguridad.
El Ejecutivo asegura que habrá creación de empleo público neto
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, defendió que la nueva oferta no solo servirá para sustituir vacantes, sino también para aumentar el número de trabajadores públicos.
Según explicó, las 37.017 plazas previstas superan ampliamente las bajas estimadas para este año dentro de la administración estatal. El Gobierno calcula que las salidas de empleados públicos rondarán las 30.800, por lo que la diferencia permitiría crear alrededor de 6.200 empleos netos.
López subrayó que esta estrategia forma parte de la política iniciada en los últimos años para revertir la reducción de personal que sufrió la función pública durante anteriores etapas de ajuste presupuestario. El ministro defendió que el objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta de las administraciones y adaptarlas a las nuevas demandas de la ciudadanía.
Más de 27.000 plazas para la Administración General del Estado
Del total aprobado, 27.232 plazas corresponden a la Administración General del Estado (AGE), lo que supone 343 más que en la convocatoria previa. Las otras 9.785 plazas están destinadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a las Fuerzas Armadas.
No obstante, el real decreto aprobado este martes únicamente incluye las plazas de la AGE, ya que las relacionadas con Policía, Guardia Civil y Defensa habían sido autorizadas previamente en otras reuniones del Consejo de Ministros.
El reparto mantiene una estructura muy parecida a la del año anterior. Dentro de la AGE se contemplan 26.886 plazas de acceso libre y 6.345 destinadas a promoción interna. Además, el Ejecutivo añade 346 puestos extraordinarios vinculados a la emergencia climática, destinados a profesionales especializados como meteorólogos, ingenieros forestales, ingenieros de montes y agentes medioambientales.
Dificultades para cubrir la promoción interna
Uno de los aspectos que sigue preocupando a Función Pública es la escasa cobertura de las plazas reservadas para promoción interna. En los últimos años, muchas convocatorias han quedado desiertas por falta de aspirantes en diferentes cuerpos de la administración.
Precisamente por esta situación, el Gobierno ya redujo en torno a 3.500 plazas de promoción interna en la oferta anterior. Aunque en 2026 se mantiene un volumen elevado de puestos para ascensos internos, la administración continúa encontrando dificultades para atraer candidatos suficientes dentro de su propia estructura.
La digitalización gana protagonismo
La principal novedad de la Oferta de Empleo Público de 2026 es la apuesta decidida por los perfiles tecnológicos. El Ejecutivo quiere acelerar la transformación digital de la administración y reforzar áreas consideradas estratégicas para los próximos años.
Por primera vez se incorporarán plazas específicamente orientadas a especialistas en inteligencia artificial, ciencia de datos y ciberseguridad. En total, la oferta contempla más de 1.700 puestos vinculados a nuevas tecnologías, lo que supone un incremento del 42 % respecto a la convocatoria anterior.
Entre las plazas previstas destacan:
- 300 para el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información, triplicando prácticamente la cifra anterior con un aumento del 200 %.
- 400 plazas para el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática, el doble que el año pasado.
- 1.000 puestos para Técnicos Auxiliares de Informática, un 11% más.
El Gobierno considera que estos perfiles serán esenciales para modernizar los servicios públicos y reforzar la seguridad digital de las instituciones.
Formación obligatoria en inteligencia artificial
Otra de las novedades anunciadas por el Ministerio de Función Pública es la incorporación de formación específica en digitalización e inteligencia artificial para los funcionarios en prácticas antes de incorporarse definitivamente a sus puestos.
El Ejecutivo pretende que los futuros empleados públicos tengan conocimientos básicos en herramientas digitales y en el uso de tecnologías emergentes, independientemente del cuerpo al que pertenezcan.
Óscar López defendió que la administración debe avanzar hacia un modelo más tecnológico y eficiente, pero insistió en que esta modernización no implicará una reducción de empleo público. Según señaló, el objetivo es digitalizar al menos otro 25% de los servicios públicos que presta la administración estatal.
Áreas consideradas prioritarias
La nueva oferta reserva aproximadamente un 30% de las plazas para sectores que el Gobierno considera estratégicos. Entre ellos se encuentran:
- Transformación digital e inteligencia artificial.
- Transición energética.
- Lucha contra el cambio climático.
- Refuerzo de la ciberseguridad del Estado.
- Estrategia comercial.
- Seguridad pública.
- Nacionalidad y migraciones.
- Mejora de la atención ciudadana.
Con esta distribución, el Ejecutivo busca orientar el crecimiento de la plantilla pública hacia ámbitos que considera fundamentales para el funcionamiento futuro del Estado.
Los sindicatos rechazan la oferta
La aprobación de la OEP de 2026 llega en un contexto de fuerte tensión entre el Ministerio de Función Pública y las principales organizaciones sindicales de la Administración General del Estado.
CSIF, UGT y CCOO se han negado a respaldar la propuesta del Gobierno y han criticado la falta de información y transparencia durante la negociación. Los sindicatos consideran que la oferta sigue siendo insuficiente para resolver los problemas estructurales de personal que afectan a numerosos organismos públicos.
Desde CCOO sostienen que la nueva convocatoria no permitirá recuperar el volumen de empleados perdido durante los últimos años y que dificulta adaptar los servicios públicos a las nuevas necesidades sociales.
UGT, por su parte, ha señalado que esperará a analizar en detalle la distribución definitiva de plazas antes de emitir una valoración completa, aunque ya ha mostrado su malestar por no haber conocido previamente las cifras manejadas por el ministerio.
La crítica más dura ha llegado desde CSIF, sindicato mayoritario en la AGE. La organización considera que la oferta apenas incrementa las plazas de nuevo ingreso y denuncia un nuevo recorte en promoción interna. Además, advierte de que organismos como el SEPE, la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, la Dirección General de Tráfico, Instituciones Penitenciarias, Interior o Defensa seguirán teniendo problemas de falta de personal.
Un modelo de administración más tecnológico
Con esta nueva oferta de empleo público, el Gobierno pretende consolidar una administración más digitalizada y especializada, capaz de responder a retos como la automatización de procesos, la protección frente a ciberataques o la gestión masiva de datos.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo intenta afrontar el relevo generacional que vive la función pública y cubrir las vacantes derivadas de las jubilaciones previstas en los próximos años.
La OEP de 2026 mantiene así la línea de expansión iniciada en anteriores ejercicios, aunque el desacuerdo con los sindicatos evidencia que sigue abierto el debate sobre si el número de plazas aprobadas será suficiente para atender las necesidades reales de los servicios públicos.
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