Según el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, un total de 4.262 personas con discapacidad intelectual optaban a las 455 plazas de empleo público como personal laboral fijo del grupo 2E.
En su documento de consideraciones y propuestas, el Cermi celebra la intención del Gobierno de renovar una regulación -la vigente data de 2004- que necesitaba una actualización urgente, para adaptarla a los muchos cambios legislativos.
El Cermi ha pedido que la nueva regulación reglamentaria concerniente al empleo público de las personas con discapacidad comprenda toda la trayectoria laboral y no se centre en el acceso, como sucede hasta ahora.
Consulta pública para el proyecto de orden por el que se establecen criterios generales para la adaptación de medios y tiempos y la realización de ajustes razonables en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad.
