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La organización ecologista Greenpeace ha salido al paso de las declaraciones realizadas por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en relación con la prórroga de la central nuclear de Almaraz, la crisis climática y los incendios forestales. Según los ecologistas, alargar la vida operativa de la planta contradice los propios criterios establecidos por el Gobierno de Pedro Sánchez y acarrea importantes consecuencias económicas y energéticas.
Discrepancias sobre la política energética y la prórroga de Almaraz
Greenpeace rechaza la interpretación gubernamental de que la prórroga limitada de Almaraz no altera la política energética ni vulnera las tres premisas fijadas por el Ejecutivo para cualquier extensión nuclear: seguridad nuclear, seguridad de suministro y coste para la ciudadanía. Francisco del Pozo, responsable de la campaña de Energía de Greenpeace, fue contundente al afirmar que "los argumentos de la ministra respecto al cierre de la central nuclear de Almaraz no convencen a nadie y carecen de la altura de Estado para elaborar una planificación energética a largo plazo".
La organización ecologista insiste en que la extensión de la central, propiedad de Iberdrola, Endesa y Naturgy, no será gratuita para los contribuyentes. De hecho, contraviene directamente la tercera premisa de negociación del Gobierno, ya que provocaría un sobrecoste acumulado en la factura eléctrica de hasta 3.831 millones de euros para 2033, según demuestra un informe publicado por la Universidad Rey Juan Carlos.
Impacto en las renovables y dependencia del gas
Del Pozo añadió que esta decisión con la central nuclear de Almaraz "da un golpe de gracia al despliegue de las energías renovables y aumenta nuestra dependencia del gas fósil". En su opinión, se trata de uno de los grandes errores de la legislatura, porque la prórroga de Almaraz implica saltarse los propios planes de transición del Ejecutivo para dar más poder al oligopolio energético y mayores precios para la ciudadanía.
Las declaraciones de Aagesen se produjeron el mismo día en que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) confirmó que el verano de 2026 ha sido el más caluroso desde que se tienen registros en España. Los datos oficiales revelan que el país experimentó 61 días bajo condiciones de ola de calor, lo que supone 20 días más que el anterior récord establecido en 2022.
La temperatura media del verano meteorológico (junio, julio y agosto) se situó en 24,5 °C, superando en 0,3 °C el récord anterior de 2025 y quedándose 2,4 °C por encima del promedio del periodo de referencia 1991-2020. En otras palabras, aproximadamente dos de cada tres días del verano España registró temperaturas extremadamente altas.
Respuesta insuficiente ante la crisis climática
Pedro Zorrilla, responsable de la campaña de Clima de Greenpeace, reconoció que como la propia ministra ha expuesto, nos encontramos en una situación crítica, con la crisis climática provocando pérdidas de millones de euros, pérdida de ecosistemas y biodiversidad, y pérdidas de vidas humanas. Sin embargo, consideró que "su respuesta a esta crisis sigue siendo claramente insuficiente".
Zorrilla reclamó "un plan de choque tanto para activar una verdadera adaptación al nuevo clima como para reducir las emisiones, abandonando los combustibles fósiles con un plan ordenado y urgente antes de 2040". Entre las medidas prioritarias, el ecologista incluyó un plan de abandono de los combustibles fósiles, nuevos impuestos específicos y la eliminación de cero subvenciones a esta industria, donde se enmarca la central nuclear de Almaraz.
La gravedad de los incendios forestales
Mónica Parrilla, responsable de la campaña de incendios de Greenpeace, también se pronunció sobre la cuestión de los grandes incendios forestales. Según explicó, estos fenómenos son "consecuencia no sólo del cambio climático, sino también del abandono de nuestros bosques y del medio rural".
La organización pidió al Gobierno una estrategia integral de prevención que actúe sobre sus causas, con más educación, investigación, vigilancia y recursos para la prevención y la persecución. Parrilla consideró urgente "invertir 1.000 millones de euros anuales en gestión forestal, crear paisajes más resilientes y priorizar el reto demográfico, apoyando el empleo y un sector primario sostenible para mantener un medio rural vivo".
No obstante, dejando a un lado Almaraz, los ecologistas celebraron algunos avances, como la convocatoria de planes de incendios para pequeños municipios, el reconocimiento del impacto del cambio climático y el aumento de capacidades en esta materia.
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