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La enseñanza pública de la Comunidad de Madrid afronta desde este miércoles una huelga indefinida que amenaza con alterar el funcionamiento habitual de los centros educativos. La movilización, impulsada por sindicatos, plataformas docentes y diferentes organizaciones del ámbito educativo, comenzó a tomar forma al final del curso pasado, después de las protestas protagonizadas por el profesorado en comunidades como Cataluña y la Comunidad Valenciana.
La primera jornada de paro registró una participación considerable, aunque las cifras ofrecidas por las partes implicadas difieren notablemente. Mientras el comité de huelga calcula que secundó la convocatoria el 70% de los profesores, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sitúa el seguimiento en el 45%. Detrás de esta movilización se encuentran seis grandes demandas relacionadas con las condiciones laborales de los docentes, la atención al alumnado, la organización de las aulas y el estado de las infraestructuras educativas.
¿Qué organizaciones están detrás de la convocatoria de huelga indefinida?
La protesta reúne a una amplia representación del sector educativo madrileño. Entre las organizaciones sindicales que han convocado la huelga indefinida figuran Comisiones Obreras (CC OO), UGT, STEM, CGT, CNT y Solidaridad Obrera. A ellas se suman plataformas como Menos Lectivas, Educación Especial Digna y Queremos FP, además de colectivos como Marea Verde, Confapa y la Plataforma de Defensa del Alumnado TEA.
Sin embargo, la movilización no cuenta con el respaldo de todas las organizaciones sindicales representativas. ANPE, el segundo sindicato con mayor representación en las últimas elecciones de la enseñanza pública madrileña, por detrás de Comisiones Obreras, ha decidido mantenerse al margen de la convocatoria conjunta.
CSIF, tercera fuerza sindical, tampoco participa en la movilización unitaria, aunque ha impulsado su propia convocatoria. Este sindicato ha llamado a secundar una huelga indefinida a jornada completa durante esta semana y a realizar paros parciales a partir del próximo lunes.
La diversidad de convocantes refleja el alcance de un conflicto que no se limita a una reivindicación salarial, sino que pretende introducir cambios en distintos aspectos del sistema educativo público de la región.
El profesorado convocado y el alcance de la protesta
La huelga está dirigida al conjunto de los docentes de las etapas anteriores a la universidad que trabajan en centros públicos de la Comunidad de Madrid. Esto incluye tanto las enseñanzas de régimen general como las de régimen especial.
En el primer grupo se encuentran Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, Formación Profesional y Educación Especial. Estas enseñanzas contaban al cierre del año pasado con 61.878 profesores. Por su parte, el régimen especial, que comprende conservatorios, escuelas de arte y danza y escuelas oficiales de idiomas, sumaba otros 3.798 docentes.
La movilización también ha incorporado a las educadoras del primer ciclo de Educación Infantil, que llevan seis meses en huelga indefinida para reclamar mejoras laborales. Estas profesionales, cuyos salarios rondan los 1.200 euros mensuales, equivalentes al salario mínimo, protagonizaron el miércoles una protesta que interrumpió el tráfico en el paseo de la Castellana. Su movilización se ha unido ahora a la del resto del profesorado.
A la jornada también se incorporaron las plataformas en defensa de la universidad pública de la Universidad Complutense y de la Universidad Rey Juan Carlos, en las que participan asociaciones estudiantiles y sindicatos. En este caso, el paro universitario se limitó a un solo día.
Uno de los episodios más graves de la jornada tuvo lugar en la Complutense, donde una intervención policial contra un piquete informativo terminó con cinco heridos y seis detenidos.
Más de 750.000 estudiantes en las enseñanzas públicas
El conflicto educativo puede repercutir directamente en cientos de miles de estudiantes madrileños. Durante el curso pasado, los centros públicos de régimen general de la comunidad escolarizaron a 666.321 alumnos. En las enseñanzas de régimen especial, la cifra alcanzó los 91.384 estudiantes.
Aunque la huelga indefinida está convocada para el profesorado, los estudiantes también pueden participar en las movilizaciones a partir de tercero de la ESO, una etapa que normalmente cursan adolescentes de 13 y 14 años. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, estos alumnos tienen derecho a secundar una huelga estudiantil.
El Sindicato de Estudiantes se ha sumado a la convocatoria y, de acuerdo con los testimonios de profesores y directores consultados antes del inicio del paro, la participación de los estudiantes con capacidad para adherirse fue muy elevada.
La ausencia de alumnos puede reducir considerablemente la actividad de los centros, incluso cuando parte de la plantilla docente acude a su puesto. En estas circunstancias, los profesores que no secundan la huelga indefinida pueden encontrarse con aulas prácticamente vacías, lo que limita el desarrollo normal de las clases.
Las seis principales demandas del profesorado
Los sindicatos han organizado sus reivindicaciones en seis grandes bloques. El objetivo es modificar tanto las condiciones de trabajo de los docentes como los recursos disponibles para garantizar una educación pública de calidad.
- 1. Menos horas lectivas a la semana
Una de las principales exigencias consiste en reducir el tiempo dedicado a impartir clases. Los convocantes proponen establecer un máximo de 17 horas lectivas semanales para Secundaria, frente a las 19 actuales, y de 22 horas para Infantil y Primaria, en lugar de las 25 vigentes.
Según una comparativa publicada por el sindicato STES durante el curso pasado, Madrid se encuentra entre las seis comunidades autónomas con más horas lectivas para el profesorado de Secundaria y entre las cuatro con mayor carga horaria en Infantil y Primaria.
Los sindicatos consideran que reducir estas horas permitiría disponer de más tiempo para preparar las clases, atender individualmente al alumnado y realizar otras tareas vinculadas a la actividad educativa.
- 2. Reducir el número de estudiantes por aula
La segunda reivindicación se centra en disminuir las ratios máximas de alumnos por clase. La propuesta plantea limitar a 13 los estudiantes por aula en el segundo ciclo de Infantil, cuando actualmente el máximo es de 20.
En Primaria, los sindicatos reclaman establecer un límite de 15 alumnos, frente a los grupos actuales de entre 20 y 25. Para Secundaria, plantean reducir la ratio a 20 estudiantes, frente a los 25-30 habituales en la ESO y los 35 permitidos en Bachillerato.
Además, solicitan que los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo computen por duplicado a la hora de calcular el número de estudiantes por grupo. Esta medida beneficiaría, entre otros, a quienes tienen alguna discapacidad, dislexia o se encuentran en una situación de desventaja socioeducativa.
- 3. Combatir la segregación escolar
Otra de las prioridades es reducir las diferencias socioeconómicas entre los centros públicos y los concertados. Los convocantes denuncian que el alumnado procedente de familias con menos recursos se concentra principalmente en la red pública, mientras que los estudiantes de entornos más acomodados tienen mayor presencia en centros privados y concertados.
Distintos estudios sitúan a la Comunidad de Madrid entre los territorios españoles con mayores niveles de segregación escolar. Esta situación se enmarca, además, en un contexto nacional en el que España presenta una de las brechas socioeconómicas más pronunciadas entre centros públicos y concertados dentro de la OCDE.
- 4. Una subida salarial de 600 euros mensuales
La mejora retributiva constituye otra de las demandas centrales de la huelga indefinida. Los sindicatos reclaman incrementar en 600 euros al mes los salarios del profesorado madrileño.
Las comparativas salariales elaboradas por UGT sitúan a los docentes de la región entre quienes menos cobran dentro del conjunto de las comunidades autónomas, pese al elevado coste de la vida en Madrid, especialmente en ámbitos como la vivienda.
Los convocantes también señalan los acuerdos alcanzados en Cataluña y la Comunidad Valenciana después de las huelgas educativas celebradas allí durante el curso pasado. En esas comunidades se pactaron incrementos salariales de 400 y 200 euros, respectivamente, que se aplicarán progresivamente durante los próximos años. Al comienzo de este curso, esas mejoras se han traducido en una subida mensual de 75 euros.
- 5. Menos burocracia y más personal administrativo
El exceso de tareas administrativas es otro de los problemas que los docentes quieren corregir. Los sindicatos sostienen que la burocracia resta tiempo a la preparación de las clases y a la atención directa de los estudiantes.
Las encuestas sindicales y los informes internacionales, entre ellos el estudio Talis de la OCDE, identifican esta carga administrativa como una de las dificultades relevantes para el profesorado.
Por ello, los convocantes exigen que todos los centros educativos dispongan, como mínimo, de un auxiliar administrativo. Actualmente, esta dotación no está garantizada en todos los colegios e institutos públicos.
- 6. Mejorar los edificios y las instalaciones educativas
La última gran reivindicación afecta a las infraestructuras. Los sindicatos reclaman construir nuevos centros allí donde sean necesarios y abandonar el modelo de obras por fases, que obliga en ocasiones a desarrollar las actividades lectivas mientras continúan los trabajos de construcción.
También piden reforzar el mantenimiento de los edificios, solucionar los problemas derivados del deterioro de las instalaciones, mejorar la climatización de las aulas y eliminar el amianto de los centros educativos.
Los convocantes consideran especialmente llamativa la situación presupuestaria de Madrid: en 2023, la inversión educativa por alumno fue de 6.502 euros anuales, frente a los 7.943 euros de media nacional. La región registró así el gasto más bajo por estudiante, pese a contar con el PIB per cápita más elevado de España.
La respuesta del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso
El Ejecutivo autonómico mantiene una posición ambivalente ante el conflicto. Desde que se anunció la convocatoria, ha asegurado que está dispuesto a escuchar las propuestas del profesorado, pero también ha cuestionado duramente la huelga y a las organizaciones que la impulsan.
La consejera de Educación, Mercedes Zarzalejos, calificó la movilización de política y electoralista, una valoración que reiteró el miércoles. Además, reprochó a los sindicatos que hayan convocado el paro cuando algunos de ellos firmaron el año pasado un acuerdo que todavía se encuentra en proceso de aplicación.
Ese pacto contempla, entre otras medidas, que las horas lectivas del profesorado de Secundaria se reduzcan a 18 semanales en 2028. Los sindicatos consideran, sin embargo, que las medidas previstas no responden suficientemente a sus demandas actuales.
En septiembre, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, anunció el comienzo de las negociaciones para implantar una carrera profesional docente en la comunidad. Según lo planteado por el Gobierno, este sistema podría suponer un incremento salarial de hasta 350 euros. El asunto ya se debate formalmente en la mesa sectorial, pero no ha conseguido que las organizaciones convocantes retiren la huelga.
El Ejecutivo también defiende los resultados académicos de la región y recuerda que Madrid figura entre las comunidades con mejores resultados en el informe PISA, la evaluación internacional impulsada por la OCDE.
No obstante, los resultados educativos también están condicionados por factores sociales y económicos. La propia evaluación internacional destaca la influencia del contexto familiar en el rendimiento académico, y Madrid presenta el nivel socioeconómico más elevado entre las comunidades españolas.
Un conflicto sin acuerdo a la vista
La huelga indefinida abre un nuevo frente entre el profesorado y el Gobierno madrileño en torno al modelo de educación pública que necesita la región. La reducción de las ratios, la mejora de los salarios, el descenso de la carga lectiva y la modernización de los centros constituyen el núcleo de una protesta que aspira a ir más allá de las medidas anunciadas hasta ahora por la Administración.
Mientras los sindicatos defienden que es necesario introducir cambios estructurales, el Gobierno regional insiste en la voluntad de negociar y reivindica los resultados académicos del sistema madrileño. Las diferencias en las cifras de seguimiento y en la interpretación de las causas del conflicto reflejan la distancia entre ambas posiciones.
Por ahora, la negociación sobre la carrera profesional docente no ha bastado para frenar la movilización. La evolución de las próximas jornadas dependerá de la capacidad de las partes para acercar posturas y ofrecer respuestas concretas a las reivindicaciones planteadas por los trabajadores de la enseñanza pública.
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