Los universitarios se movilizan en una huelga contra la Ley Castells

El pasado 26 de octubre todos los universitarios se despertaron con las enmiendas a prácticamente la totalidad de la ley. Su postura es clara: se han cargado el consenso logrado tras meses de trabajo. Así de rotundos se han mostrado los representantes del Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (Ceune) en su condena contra el proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU, también denominada 'Ley Castells'), y contra las enmiendas presentadas por ERC, PSOE y Unidas podemos al proyecto de Ley de Convivencia Universitaria (LCU).

Así las cosas, han aprobado convocar una huelga o paro académico a nivel estatal tras reunirse ayer con el ministro de Universidades, Manuel Castells, cita sobre la que el Gobierno aseguró que se habían aclarado “malentendidos” a los estudiantes sobre la próxima Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

Los universitarios aseguraron en su comunicado difundido por Servimedia, que en la reunión “se ha emitido un informe desfavorable” a la citada ley Castells "y se ha incorporado en el acta el soporte a la huelga estatal para el próximo 18 de noviembre".

Para los estudiantes, lo más sangrante es la derogación de algunos de sus derechos fundamentales

Los estudiantes han manifestado ante Castells “que el proyecto de ley de universidades no avanza de forma firme y clara en la cogobernanza universitaria, quedando estancado en la Ley Orgánica de Universidades (LOU), actualmente vigente, y sin proponer una mejora universitaria”.

“Tampoco avanza la ‘ley Castells’ en solucionar los principales problemas del estudiantado, como la ausencia de procedimientos que garanticen sus derechos o la falta de innovación docente y modernización de los títulos universitarios, ni incrementará las vías de participación estudiantil en la toma de decisiones o en la vida universitaria. Todo ello ha llevado al estudiantado universitario a aprobar, ante el ministro y el secretario general de Universidades, una huelga que se suma a las movilizaciones convocadas para el 18 de noviembre, y que marca el inicio de un ciclo de protestas contra ambos proyectos legislativos”, concluyeron los estudiantes.

La Ley de Convivencia Universitaria dejará de proteger a los estudiantes ante los procesos sancionadores, pasando de fomentar la mediación a un modelo meramente punitivo, según denuncian, un descontento compartido entre estudiantes y rectores, pues tras ocho meses de mucho trabajo todo se ha ido al traste.

Todos los conflictos quedan en manos de cada rector, dejando a las Juntas de Estudiantes y al Defensor relegados a un decimosexto plano, eliminan las mesas de moderación y dejan a los alumnos indefensos ante un conflicto. El título de la ley debería ser que cada rector haga lo que quiera.

Los estudiantes afirman ir a huelga porque están peor que con la ley anterior, y eso no lo pueden tolerar

Los principales proyectos normativos del Ministerio que dirige Manuel Castells se quedan sin el apoyo del colectivo universitario mayoritario.

La huelga y manifestaciones de mañana jueves 18 de noviembre por toda España, marcarán el inicio de un ciclo de protestas contra dichos proyectos legislativos.

¿Qué novedades trae la nueva Ley de Universidades?

La nueva Ley de Universidades, que culminaría en 2023, busca acabar con la precariedad laboral de los docentes reducir la contratación temporal del actual 40 % permitido al 20 % y aumentando el porcentaje mínimo de profesorado funcionario del actual 51% al 55 %.

También pretende hacer más accesible la educación superior y dotarla de mayor calidad, así como adecuar su financiación. Sustituirá a la Ley Orgánica de Universidades (LOU) de 2001 y actualmente el máximo consenso posible con la comunidad universitaria y con los grupos parlamentarios. Otra novedad es que los grados universitarios de tres años terminarán de existir en 2023.

La LOSU plantea asimismo llevar a cabo cambios en los sistemas de evaluación para aumentar su agilización, la digitalización y el rejuvenecimiento de las plantillas.

La discapacidad también será materia de mejora en la ley Castells, de modo que incorporará medidas antidiscriminación como el cupo de discapacidad y la adecuación de los edificios universitarios para que sean accesibles.