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La realidad de los trabajadores por cuenta propia en España atraviesa uno de sus momentos más complicados de los últimos años. Así lo revela una encuesta difundida este viernes por el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, donde el 82,04 % de los autónomos afirma que su situación ha empeorado en el último lustro. Apenas un 6,59 % identifica mejoras, mientras que el resto considera que su situación permanece estancada y sin perspectivas claras de progreso.
Detrás de estas cifras se esconde un sentimiento de frustración acumulado. La percepción general es que, pese a su esfuerzo constante, sienten que las estructuras administrativas y normativas no acompañan su realidad cotidiana.
Un trato institucional hacia los autónomos que deja mucho que desear
El malestar se hace patente al analizar la valoración que este colectivo otorga a las Administraciones Públicas. La nota media apenas alcanza un 1,86 sobre 5, un suspenso contundente que ilustra la distancia entre los autónomos y el sistema del que dependen. Casi la mitad de los participantes califica el trato recibido por la Administración como “muy insatisfactorio”, confirmando una desconexión generalizada con las instituciones.
El presidente del Consejo, Fernando Jesús Santiago, resume el sentimiento colectivo con claridad: “No estamos ante una crítica ideológica ni un discurso exagerado. Estamos ante una realidad que se repite despacho tras despacho, cliente tras cliente. El autónomo siente que cumple, pero que el sistema no le devuelve seguridad ni estabilidad”.
Este diagnóstico pone de relieve la necesidad urgente de un cambio de enfoque por parte de la Administración hacia un sector que es clave para el tejido económico español.
La encuesta también revela una profunda desconfianza hacia las intenciones del Estado. Más de la mitad de los autónomos (56,89%) cree que la Administración no actúa de buena fe, frente al 32,93 % que considera lo contrario.
Además, la sensación de exclusión es casi unánime: el 89,22 % cree que el Gobierno no consulta a los autónomos antes de aprobar medidas que les afectan directamente. Este desapego termina traduciéndose en fatiga y desconfianza institucional, lo que, según los gestores, agrava la desconexión entre los trabajadores por cuenta propia y las políticas públicas.
Otro de los puntos más cuestionados por los encuestados es el sistema de protección y, en particular, el conocido como paro del autónomo. Esta prestación obtiene una nota media de 1,50 sobre 5, lo que pone de relieve su escasa efectividad percibida.
Siete de cada diez autónomos confiesan no confiar en poder acceder a la prestación en caso de necesitarla, una cifra que evidencia la brecha entre el diseño del sistema y su aplicación real. “Si un sistema existe pero el destinatario no confía en él cuando más lo necesita, el problema no es de comunicación, es de diseño”, advierte nuevamente Fernando Jesús Santiago.
Uno de los aspectos que más preocupa es el régimen fiscal. Tres de cada cuatro encuestados opinan que la fiscalidad del autónomo no es clara ni predecible, y dos tercios consideran que Hacienda no aplica los mismos criterios en todo el territorio. Esta sensación de arbitrariedad genera miedo, un sentimiento que queda reflejado en la encuesta: el temor a una inspección fiscal alcanza una puntuación media de 4,24 sobre 5, con más de la mitad de los participantes admitiendo sentir “mucho temor”.
Para muchos, la carga burocrática y el riesgo constante de sanciones representan un obstáculo que erosiona la confianza y el deseo de emprender.
El abandono de la actividad, una salida cada vez más común
El desánimo empuja a muchos a replantearse su trayectoria profesional. Casi la mitad de los gestores asegura que algunos de sus clientes han abandonado la actividad para convertirse en asalariados, mientras que un 8,33 % opta por ser funcionario, en busca de mayor estabilidad.
Entre quienes dejan el trabajo por cuenta propia, el 43,75 % termina abandonando por completo la vida laboral, incapaces de soportar la presión fiscal, burocrática y emocional. De forma más marginal, aunque preocupante, un 14,58 % de los gestores reconoce que parte de sus clientes se ha desplazado hacia la economía sumergida, como una estrategia de supervivencia más que por voluntad de incumplir la ley.
El futuro incierto de la jubilación autónoma
La falta de una red de seguridad sólida se refleja también en las previsiones sobre la jubilación. Casi la mitad de los gestores cree que menos del 25 % de sus clientes alcanzará una pensión igual o superior a 1.200 euros mensuales, cifra que serviría de referencia para una jubilación digna. Otro 30,91 % calcula que entre el 25 % y el 50 % lo conseguirán, lo que implica que ocho de cada diez autónomos no lograrán una pensión suficiente.
La edad de jubilación tampoco es alentadora: solo un 7,23 % de los encuestados considera que podrán retirarse entre los 60 y 65 años, mientras que más del 76 % cree que la retirada se retrasará hasta los 66 o más años. Incluso uno de cada cuatro gestores señala que muchos seguirán trabajando “hasta que puedan”, sin una fecha clara de retiro.
Un colectivo vital pero agotado El informe del Consejo General de Gestores Administrativos dibuja un panorama preocupante. Los autónomos, que representan una parte esencial del motor productivo del país, se sienten desamparados, sobrecargados y cada vez más distantes de la Administración. Las cifras evidencian un consenso claro: la mayoría cree que el sistema les exige más de lo que les ofrece, y esa percepción, si no se revierte, puede tener consecuencias duraderas sobre el tejido económico y social español.
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