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La crisis climática y ambiental no afecta a todos por igual. El reciente informe ‘Ciudades frente al cambio climático. Reducir emisiones para ganar salud’, publicado este miércoles por la organización Salud por Derecho, pone el foco en una realidad alarmante: la contaminación del aire está profundizando las desigualdades sociales en los entornos urbanos. Según el documento, las personas con menos recursos económicos tienden a concentrarse en barrios con mayor exposición a sustancias nocivas, lo que genera una brecha sanitaria insalvable sin políticas públicas de calado.
Esta situación se define como una "triple vulnerabilidad". En las grandes urbes, los distritos con rentas más bajas suelen colindar con grandes arterias de tráfico, nudos logísticos o zonas industriales. En estos puntos, los niveles de polución pueden ser hasta un tercio superiores a la media, convirtiendo el código postal en un predictor de la esperanza de vida.
La triple vulnerabilidad y el impacto de la contaminación del aire en la salud
El informe destaca que no se trata solo de estar más expuestos. La capacidad de respuesta ante la contaminación del aire está condicionada por factores sociales: la calidad de la vivienda (peor aislamiento), el tipo de empleo (más trabajos al aire libre o en entornos industriales) y un acceso limitado a servicios sanitarios de calidad. "La contaminación no es solo un problema ambiental, es una cuestión de salud pública y de justicia social", afirma Adrián Alonso, responsable de Incidencia Política de Salud por Derecho.
Los datos para Europa son demoledores. La mala calidad del aire es el principal riesgo ambiental, provocando más de 253.000 muertes prematuras anuales en la Unión Europea. Además, el 97 % de los urbanitas respira niveles de partículas finas por encima de lo recomendado por la OMS. El impacto de la contaminación del aire tiene también una vertiente económica: supone un coste medio de 1.200 euros anuales por habitante debido a gastos médicos y pérdida de productividad.
Repensar el modelo: Más allá del coche eléctrico
El origen del problema en las ciudades es claro: el tráfico motorizado. Aunque los vehículos de transporte de personas y mercancías solo representan el 13 % de la flota, son los culpables del 51 % de las emisiones de óxidos de nitrógeno. Sin embargo, el informe advierte de un error común: creer que la electrificación es la panacea contra la contaminación del aire. "Un atasco de coches eléctricos sigue siendo un atasco", señala el documento, recordando que estos vehículos siguen generando partículas por el desgaste de frenos y neumáticos, además de ocupar un espacio público vital.
Frente a esto, modelos como las "supermanzanas" de Barcelona o las calles escolares sin tráfico han demostrado su eficacia. Estas últimas han logrado reducir entre un 23 % y un 33 % los niveles de dióxido de nitrógeno cerca de los colegios. La implementación total de estos modelos urbanos no solo mitigaría la contaminación del aire, sino que evitaría cientos de muertes anuales al reducir también el ruido y el calor extremo.
Justicia climática para reducir la brecha social
Para que la transición ecológica sea justa, Salud por Derecho sostiene que la prioridad debe ser recuperar la ciudad para las personas. Esto implica reforzar el transporte público, fomentar la bicicleta y renaturalizar el espacio urbano. No obstante, existe un riesgo: la "gentrificación verde". Si las mejoras ambientales solo se dan en ciertos barrios, pueden encarecer la vivienda y desplazar a los vecinos vulnerables a zonas más degradadas.
Por ello, el informe concluye que las políticas de movilidad deben ser asequibles para todos. Diseñar las ciudades con criterios de equidad permite que la lucha contra la contaminación del aire no sea un lujo, sino una herramienta para cerrar brechas sociales. Solo poniendo la salud de los más expuestos en el centro, las ciudades podrán ganar la batalla contra las emisiones y garantizar el derecho humano a un entorno saludable.
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