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Las personas mayores de 65 años que cumplen los requisitos para acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV) solicitan esta ayuda un 16,9 % menos que los potenciales beneficiarios más jóvenes en su misma situación.
Del mismo modo, quienes viven en zonas urbanas tienen un 5,9 % más probabilidades de presentar su candidatura, en comparación con los residentes en el mundo rural.
Así se deduce del proyecto de investigación ’Acceso vital, detección y movilización de personas potencialmente elegibles del IMV, situación de Non take-up’, cuyos resultados se presentaron en Madrid.
Así son las disparidades en la solicitud del Ingreso Mínimo Vital en España, según región y demografía
Es uno de los 34 proyectos piloto del Policy Lab de la Secretaría General de Inclusión del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, creado para conseguir evidencias científicas que mejoren la efectividad de las políticas públicas.
Según sus conclusiones, ser varón y no tener menores a cargo son otras causas de tipo socioeconómico que “están detrás de esta brecha de cobertura” en el Ingreso Mínimo Vital.
Así, las personas sin menores a cargo solicitan la prestación un 7 % menos que quienes sí los tienen (aún cumpliendo los requisitos), mientras que los hombres presentan un 4,3 % menos posibilidades de llegar a pedirla.
A partir de más de 13.000 encuestas en todo el territorio, la investigación corrió a cargo de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en el Estado Español (EAPN-ES), y contó con la colaboración de 146 organizaciones de la sociedad civil y 54 entidades públicas.
Poseer una vivienda en propiedad, tener empleo y percibir que “se llega con facilidad a final de mes” aumentan también las posibilidades de que una persona que podría recibir el Ingreso Mínimo Vital no llegue nunca a pedirlo.
En concreto, el 61 % de los no solicitantes poseían una vivienda formal en propiedad; el 40,5 % se encontraban trabajando en el momento de realizar la encuesta, y el 70,1 % pertenecían al último tramo de renta que da acceso a esta ayuda.
En el fondo, todos estos elementos remiten a un desconocimiento sobre el funcionamiento y los requisitos del Ingreso Mínimo Vital (compatibilidad con el empleo y con otras prestaciones, complementos específicos para la infancia, nivel de renta…).
Asimismo, un 41,3 % de quienes no solicitaron el IMV afirmaron desconocerlo en absoluto. Otro 20 % de los entrevistados aseguraron que los trámites resultaban demasiado difíciles, y se encontró que quienes nunca habían recibido una ayuda pública tenían 7,3 % menos posibilidades de pedir la prestación.
Es muy necesario un mayor acompañamiento y accesibilidad para este procedimiento tan importante
Según el estudio, estos puntos aluden a la necesidad de simplificar los procedimientos y de ofrecer más acompañamiento a los candidatos a la hora de gestionar los trámites del Ingreso Mínimo Vital.
Entre las principales recomendaciones del proyecto, destacan la puesta en marcha de mecanismos para informar sobre el IMV, facilitar la carga burocrática y reducir los plazos de resolución; establecer un sistema de evaluación de esta ayuda que permita valorar los objetivos establecidos; adecuar las rentas autonómicas al IMV; y aumentar el importe de la prestación, a fin de adecuarla al coste medio de la vida.
Propone también ciertas mejoras en el diseño de la ayuda, tales como ajustarla a los ingresos de los meses recientes y no a los datos de la renta del año anterior, suprimir la exigencia de un año de situación administrativa regularizada e implementar nuevos complementos de apoyo, empezando por el de vivienda.
Además de investigar las causas de la brecha de cobertura con el Ingreso Mínimo Vital, el proyecto pretende evaluar qué medidas resultan más efectivas a la hora de superarla. Durante su realización, se llevaron a cabo 7.505 interacciones personalizadas de información, se recibieron más de 3.000 llamadas de personas interesadas, se atendió a 2.023 canidatos y llegaron a tramitarse 1.204 solicitudes.
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