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El Índice de Precios de Consumo (IPC) registró en abril una tasa interanual del 3,2 %, según los datos definitivos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta cifra confirma una ligera moderación respecto al mes de marzo, cuando la inflación se situó en el 3,4 %. El descenso, aunque moderado, refleja un cambio en la evolución reciente de los precios, marcada en los últimos meses por fuertes tensiones internacionales.
Esta ralentización en el crecimiento de los precios se produce en un contexto económico condicionado por el impacto de la guerra en Oriente Medio, iniciada a finales de febrero, y por las medidas adoptadas por el Gobierno para mitigar sus efectos.
Uno de los factores determinantes en la moderación del IPC ha sido el abaratamiento de la energía. En concreto, tanto la electricidad como el gas natural registraron descensos en sus tasas interanuales durante abril. La electricidad bajó un 4,3%, mientras que el gas natural experimentó una caída aún mayor, del 9,6 %.
Este comportamiento contrasta con la tendencia observada en otros componentes del índice, especialmente los carburantes, que siguieron presionando al alza. Aun así, el impacto de los combustibles fue parcialmente contenido gracias a las medidas adoptadas por el Ejecutivo. De hecho, sin el plan de choque, la inflación de los carburantes habría alcanzado el 28,9 %, es decir, 16 puntos porcentuales más que la registrada.
La inflación subyacente también baja
Otro dato relevante es la evolución de la inflación subyacente, que excluye los precios de la energía y los alimentos no elaborados. En abril, este indicador se redujo en una décima, situándose en el 2,8 % interanual. Esta moderación sugiere una cierta estabilización en los precios más estructurales de la economía, más allá de los elementos más volátiles.
El Gobierno considera que estos datos de la bajada de la inflación reflejan la eficacia de las medidas adoptadas para hacer frente al impacto económico del conflicto internacional. Desde el Ministerio de Economía se subraya que el sistema energético español ha demostrado capacidad para absorber perturbaciones externas, en parte gracias a la apuesta por las energías renovables y la soberanía energética.
El plan de choque, aprobado a finales de marzo, incluía una serie de rebajas fiscales y ayudas destinadas a empresas y hogares. Su duración inicial era de tres meses, condicionada a la evolución de la situación económica. Ahora, con la mejora en los precios energéticos, el Ejecutivo ha decidido iniciar una retirada progresiva de algunas de estas medidas.
A partir del 1 de junio, comenzará la desactivación de las reducciones fiscales aplicadas al Impuesto Especial sobre la Electricidad y al IVA de productos energéticos como la electricidad, el gas natural, los pellets o la leña. No obstante, otras medidas seguirán vigentes durante más tiempo a pesar de la evolución de la inflación.
El plan de choque empieza a retirarse y medidas que se mantienen en vigor
A pesar del inicio de la retirada por la bajada de la inflación, algunas iniciativas del plan anticrisis continuarán aplicándose. Es el caso del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, cuya suspensión se mantendrá hasta el 30 de junio.
También se prolongará la reducción del IVA de los carburantes al 10 % hasta esa misma fecha. Esta decisión responde a que el aumento anual de los combustibles para vehículos personales sigue por encima del umbral del 15 % establecido en la normativa vigente.
Además, aunque la inflación haya bajadado, seguirán activas otras medidas de apoyo sectorial, como las ayudas dirigidas a agricultores y transportistas. En el ámbito social, se mantendrán los descuentos reforzados del bono social eléctrico, con reducciones del 42,5 % para consumidores vulnerables y del 57,5 % para los considerados vulnerables severos.
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