El juez del caso' Tsunami' investiga la posible filtración de información por parte del Gobierno

El juez Manuel García Castellón ha iniciado una investigación reservada para esclarecer si autoridades o funcionarios públicos cometieron un delito de revelación de secretos al tener conocimiento de la respuesta de la Justicia suiza a la solicitud de ayuda judicial en la investigación sobre Marta Rovira, quien está imputada por terrorismo en el caso de Tsunami Democràtic.

La solicitud de información enviada en noviembre fue finalmente recibida por el Ministerio de Justicia el 29 de diciembre. Sin embargo, esta no fue enviada a la Audiencia Nacional hasta finales de febrero. Esto sucedió después de que el contenido del dictamen, el cual niega la colaboración solicitada al considerarla de naturaleza "política" y solicita información sobre la ley de amnistía, fuera publicado en varios medios de comunicación.

El juez comunica que encarga la investigación a la Guardia Civil

El juez encomienda la investigación a la Guardia Civil y les pide que no compartan detalles con sus superiores. Les ordena que le informen directamente sobre cualquier progreso en la investigación.

El juez decidió comunicar esta decisión a la Fiscalía y solo proporcionar los detalles esenciales a las otras partes involucradas, incluida Dignidad y Justicia (DyJ). DyJ solicitó esta medida después de acusar al gobierno de Pedro Sánchez de filtrar la respuesta de la Justicia Suiza antes de enviarla a García Castellón, lo que consideran un uso partidista de las instituciones para favorecer a los imputados de partidos aliados del gobierno.

Fuentes de la Audiencia Nacional expresaron su sorpresa por el hecho de que el Ministerio de Justicia retuviera la respuesta de la Justicia suiza durante casi dos meses, algo sin precedentes según señalaron en el tribunal.

DyJ denuncian la intervención del gobierno en el Poder Judicial

En un comunicado, Dignidad y Justicia expresó su descontento, afirmando que estas acciones solo buscan socavar la independencia judicial y demuestran la clara intención del gobierno de influir en el Poder Judicial. La asociación, liderada por Daniel Portero, ha pedido al juez que aclare por qué el Ministerio de Justicia recibió la respuesta de las autoridades suizas a fines de diciembre de 2023, pero no la remitió al juzgado hasta ayer, y cómo se filtró a un medio de comunicación antes de su envío a la Audiencia Nacional. Así, instaron a García Castellón a investigar la posible revelación de secretos.

Suiza cuestiona la solicitud de ayuda judicial del juez García Castellón en lugar de la ayuda policial para encontrar el domicilio de Marta Rovira. Solicita detalles sobre la ley de amnistía y la implicación específica de Rovira en las acciones de Tsunami Democràtic en el Prat y Barajas. Además, rechaza proporcionar información bancaria sobre una cuenta que el juez sospecha que financió a Tsunami, ya que la solicitud incluía datos hasta junio de 2020, mientras que los incidentes en el Prat y Barajas ocurrieron en octubre de 2019.

El magistrado de la Audiencia Nacional ha respondido a Suiza indicando que no se pueden esgrimir motivos "políticos" para negar una solicitud de ayuda judicial relacionada con un caso de terrorismo, ya que los tratados internacionales firmados por ambos países lo prohíben. Además, considera "inaceptable" que la Justicia suiza solicite información sobre la ley de amnistía antes de decidir si proporciona información sobre Marta Rovira.