Juncker afirma que la tasa del 3 % a empresas digitales no va contra EE.UU.

Bruselas, 22 mar (EFE).- El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, recalcó hoy que la propuesta del Ejecutivo comunitario para aplicar un impuesto del 3 % a la facturación de las grandes empresas digitales no es una acción "contra Estados Unidos".

"No lo es, en modo alguno. Nuestras estimaciones sugieren que sobre 150 compañías estarán sujetas a este impuesto, pero alrededor del 50 % de ellas tiene su sede fuera de la Unión Europea y el otro 50 % dentro", declaró en una rueda de prensa durante la cumbre de líderes europeos que se celebra en Bruselas.

Así, subrayó que las firmas afectadas estarán en Europa, América y Asia.

Por su parte, el primer ministro holandés, Mark Rutte, dijo que su país no está ni a favor ni en contra de la iniciativa, sino que su posición es "neutral", pero pidió analizar antes los "pros y los contras".

"Queremos implicarnos en el debate, tenemos muchas preguntas, en particular, sobre lo que significa para las empresas tecnológicas más pequeñas, lo que podría significar para nuestros niveles generales de competitividad", comentó.

No obstante, admitió la necesidad de semejante propuesta, "dado el hecho de que la carga fiscal general para estos gigantes tecnológicos es ridículamente baja".

Este miércoles, el Ejecutivo comunitario propuso introducir un impuesto del 3 % sobre la facturación de las grandes empresas digitales para gravar sus actividades allí donde generan valor y atajar las prácticas que les permiten reducir al mínimo su contribución a las arcas públicas europeas.

La iniciativa llega a instancias de Francia y con el apoyo de las principales economías -Alemania, España, Italia o el Reino Unido, entre otros- que pidieron medidas urgentes para acabar con las lagunas en la legislación actual, que permiten que mientras las empresas tradicionales pagan de media un 23,2 % de impuesto de sociedades, las digitales abonen solo un 9,5 %.

El impuesto que plantea Bruselas afectaría sólo a las empresas que facturen al año más de 750 millones de euros en todo el mundo y más de 50 millones en la UE para restringirlo a las grandes compañías y aquellas con presencia significativa en el bloque comunitario.