Llega el acuerdo que permite mejorar el acceso a la Justicia a personas con discapacidad intelectual

El Consejo General del Poder Judicial y Plena Inclusión España han cerrado un acuerdo para garantizar el acceso a la Justicia en personas con discapacidad intelectual.

Este convenio ha sido ratificado por los presidentes de las instituciones, por una parte, Carlos Lesmes, y por parte de Plena Inclusión, Santiago López.

Ambos confían que con este acuerdo se facilite un mejor acceso a la justicia a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en todas las fases del proceso.

Se garantiza el acceso a la Justicia

Con este convenio se da un nuevo paso para que España cumpla la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2006 y de carácter vinculante para España en 2008.

Se aplica a la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que compromete a la Administración de Justicia en el desarrollo de las medidas que resulten necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades, la prohibición de la discriminación y el acceso universal a la Justicia. Esta ley recoge el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad en el disfrute de sus derechos y establece la obligación de las administraciones públicas de proteger, entre otros, su derecho a la tutela judicial efectiva.

Se crea la figura del facilitador judicial

El Consejo General del Poder Judicial muestra su compromiso con el movimiento asociativo y en particular, su compromiso con el cumplimiento de las normas en esta materia. El convenio hace hincapié en mejorar las condiciones de accesibilidad, así como en la puesta en marcha de diversos ajustes de procedimiento, entre los cuales está la figura de la persona facilitadora, que hagan más sencillo el desempeño de las funciones efectivas de este colectivo, como participantes directos e indirectos en todos los procedimientos judiciales y en todas sus fases.

Desde el movimiento asociativo de Plena inclusión, que representa a 140.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias para las que trabajan 935 entidades de toda España, se lucha a diario por defender sus derechos,  su dignidad, y en este caso, el acceso a la Justicia con garantías.

Con la firma del acuerdo, el CGPJ y la Confederación Plena Inclusión España se comprometen a elaborar guías, protocolos de actuación y cualquier otro tipo de material y herramientas dirigidos que ayuden a que los jueces y magistrados puedan garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Los detalles del convenio

El convenio busca dar soporte a las personas con discapacidad cuando estas se acerquen a los juzgados y tribunales. Así, contempla la posibilidad de “dar apoyo a jueces y magistrados, cuando éstos lo requieran, para la práctica de diligencias o pruebas que afecten a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo; a promover acciones que faciliten la comprensión de los actos de trámite, diligencias y resoluciones en el ámbito de la Justicia, que afecten a los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo; a colaborar en la formación de los jueces y magistrados y a establecer canales de colaboración en Vigilancia Penitenciaria con el fin de buscar alternativas a la privación de libertad para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo”.