La auditora de KPMG atribuye a la crisis el deterioro de las cajas de CyL

Valladolid, 1 feb (EFE).- La auditora de KPMG María Eugenia Fernández, primera compareciente en la comisión de investigación sobre las cajas de ahorro de la Comunidad, ha atribuido hoy a la crisis económica y a los diferentes criterios de evaluación el deterioro patrimonial registrado en las entidades en 2010.

Aunque ha aclarado al inicio de su intervención que únicamente iba a poder referirse a su labor como auditora de Caja Segovia entre 2004 y 2010, al ser preguntada por los portavoces parlamentarios por el "agujero" de 230 millones de euros entre los balances de 2009 y 2010, Fernández ha explicado que lo que ocurrió en la caja segoviana fue lo mismo que en el resto de entidades, en el sentido de que sus activos fueron valorados con otro criterio -ajustado a la asunción de la pérdida de valor por la crisis-.

La auditora ha defendido la labor desarrollada por su compañía en el análisis de la contabilidad de Caja Segovia, con un "trabajo riguroso, profesional y serio", sin analizar cuestiones que algunos grupos parlamentarios han considerado que debería de haber abordado para prevenir de riesgos financieros a Caja Segovia, como el gasto en viajes "a la Patagonia o a Venecia" para realizar cursos de formación de directivos, como han planteado Podemos y Ciudadanos.

"Ni podemos ni debemos hacerlo", ha contestado al ser preguntada por el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, sobre si no advirtieron a la entidad financiera del perjuicio que podían causar para las arcas de la caja determinados gastos o la concesión de créditos de difícil cobro.

La compareciente ha reiterado en numerosas ocasiones que su función a la hora de auditar las cuentas de las cajas no es la de alertar de posibles quebrantos a futuro, sino la de reflejar si la contabilidad de los activos y los pasivos de las entidades se ajustan a los criterios normativos fijados por el Banco de España.

En su opinión, el auditor "no evalúa si se tenían que haber producido o no" determinados gastos o inversiones de la caja, ha dicho al ser preguntada por los cursos de formación programados para directivos de Caja Segovia en la Patagonia argentina o Venecia o por las prejubilaciones que actualmente investiga la Justicia.

Sobre la diferencia existente entre los activos registrados en 2009 y los registrados en 2010 en la entidad segoviana, Fernández ha insistido en que se trató de un cambio de los criterios de valoración como consecuencia de la asunción de la pérdida de valor de determinados activos, lo que en su opinión "no significa que se haya volatilizado nada".

En el caso de las prejubilaciones aprobadas para los directivos en 2006 por los propios órganos de dirección de la Caja, la auditora ha defendido que fueron revisados los acuerdos adoptados y estaban "correctamente documentados y contabilizados", por lo que desde el punto de vista de la auditoría no había que realizar alerta alguna.

Sobre estos gastos asumidos por la entidad financiera, varios representantes parlamentarios han alertado de que coincidían en el tiempo precisamente con el momento en el que se estaba produciendo ese ajuste de las valoraciones de los activos, por lo que han criticado que la auditoría no alertara de esta circunstancia.

"Quien paga manda", ha resumido el portavoz de Podemos, convencido de que los 65.000 euros que cobraba KPMG de Caja Segovia limitaban su capacidad para alertar de potenciales riesgos patrimoniales para la entidad, a lo que la auditora ha replicado que la evolución contable de la entidad estaba "perfectamente definida en sus cuentas anuales" y las anotaciones eran correctas.

"Todo iba como un tiro pero nos encontramos un día con que no tenemos cajas. ¿Nadie se dio cuenta de lo que estaba sucediendo?", se ha preguntado el procurador socialista Óscar Álvarez, convencido de que los auditores veían "las tripas" de las entidades financieras y podían haber reflejado la situación real de las mismas.

En el caso de la representante del PP, Isabel Blanco, se ha interesado por si el intento de integración que impulsaron la Junta, el PP y el PSOE en 2007 tuvo algún reflejo interno en las cuentas de la entidad segoviana, lo que ha negado la compareciente, al considerar que estas iniciativas políticas carecían de valor legal y fueron únicamente un "ejercicio teórico".