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Bruselas, 21 dic (EFE).- La Comisión Europea propuso hoy nuevas normas para mejorar la información que reciben los europeos sobre sus condiciones de laborales, con el foco puesto en proporcionar más claridad y protección a aquellos con contratos no convencionales, como temporales, bajo demanda o en plataformas digitales.
"La economía de hoy necesita contratos laborales flexibles, pero la flexibilidad debe combinarse con una protección mínima", dijo la comisaria europea de Empleo, Marianne Thyssen, al presentar la propuesta, que actualiza una directiva que data de 1991.
La nueva directiva "sobre condiciones laborales transparentes y predecibles" afecta a unos 200 millones de trabajadores no autónomos y extiende la cobertura a entre dos y tres millones de personas con relaciones laborales no estándar, cuya protección Bruselas considera "insuficiente".
Estos son sobre todo empleados ocasionales (que operan de forma intermitente o bajo demanda), trabajadores domésticos, empleados de plataformas digitales o que trabajan con un sistema de cupones.
Bruselas propone que el empleador tenga que proporcionar la información sobre las condiciones laborales al trabajador el mismo día en que se incorpora el puesto, frente a los 60 días de plazo que dan las reglas actuales, y que sea obligatorio hacerlo en un documento escrito o en formato digital.
Cuando exista una vacante en un puesto más estable dentro de la compañía, el trabajador tendrá derecho a pedir ocuparla y el empleador estará obligado a dar una respuesta por escrito en un mes (tres meses para pymes) y justificar los motivos en caso de que lo deniegue.
Estas reglas están pensadas especialmente para dar garantías a aquellos trabajadores que no tienen necesariamente contacto físico con sus empleadores, como los que operan a través de plataformas digitales o trabajan poco tiempo, explicó Thyssen.
Por otra parte, aquellos empleados que trabajen solo ciertas horas o bajo demanda deberán ser informados de cuándo se requerirán sus servicios "con un periodo de antelación razonable", que definirán los Estados miembros y agentes sociales.
Además, las nuevas reglas prevén limitar a seis meses el periodo de prueba para todos los empleos, prohibir las cláusulas de exclusividad y limitar las cláusulas de incompatibilidad, salvo en excepciones justificadas.
"Un empleador no puede esperar que un trabajador que solo trabaja para él ocho horas al mes lo haga de forma exclusiva", dijo Thyssen.
La CE pide también prohibir a las empresas cobrar a los empleados por recibir formación para el puesto.
Las penalizaciones para las empresas que se salten las normas deberán ser decididas por cada Estado miembro, pero para impulsar el cumplimiento y evitar que todos los problemas lleguen a los tribunales, Bruselas propone que los países designen una autoridad administrativa para lidiar con el caso antes de acudir a la vía judicial.
Además, introduce un principio de "presunción positiva", de modo que si la empresa no proporciona cierta información se asume que se aplican las normas generales y el máximo de derechos conforme a ellas.
La propuesta debe ahora ser negociada y aprobada por la Eurocámara y el Consejo Europeo (los países).
La Confederación Europea de Sindicatos (CES) dijo en un comunicado que se trata de "un gran paso adelante" pero que necesitará cambios para evitar que las empresas reduzcan estos nuevos derechos.
Los sindicatos valoran que se incluya a los trabajadores no convencionales, se haga responsables a las plataformas digitales y se garantice la formación gratuita, pero critican que "falla" contra la precariedad.
Señalaron que "el 'derecho a pedir una forma de trabajo más segura y predecible' no es un derecho significativo para los muchos trabajadores atrapados en contratos precarios" y criticaron que lo único que se exija al empresario sea una repuesta por escrito.
Por su parte, la patronal europea Business Europe criticó que las normas aumentarán la carga para las empresas, así como que la modificación va más allá de regular la información que recibe el empleador para "introducir por la puerta de atrás nuevos derechos sociales, que minarán el crecimiento y el empleo".
En la misma línea, la Unión Europea de Pequeñas y Medianas Empresas (UAMPE) llamó a "evitar desalentar" la contratación por parte de las pymes con "una gran cantidad de papeleo y nuevos derechos para los trabajadores" y abogó por cambios en la propuesta.
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