La CEOE critica un presupuesto expansivo en lo social que no mira a la empresa

Madrid, 20 abr (EFE).- La CEOE ha criticado los presupuestos de 2018 porque tienen un sesgo "claramente expansivo" en lo social a pesar de que el país aún no ha salido del protocolo de déficit excesivo, y porque no avanzan en la reforma del sector público ni contemplan medidas que favorezcan la actividad empresarial.

En su informe sobre los presupuestos generales del Estado publicado hoy, la patronal asegura que las cuentas parten de un escenario macroeconómico "realista y prudente", pero ve "difícil de alcanzar" el objetivo de déficit público fijado en el 2,2 % del PIB para este año, porque será complicado que en el de la Administración Central baje desde el 1,9 % de 2017 al 0,7 % comprometido.

En opinión de la CEOE, "el momento político actual" ha pesado más en la elaboración de los presupuestos que la necesidad de unas finanzas públicas sostenibles en el medio y largo plazo.

Para la patronal, la consecución del objetivo de déficit del 2,2 % se basa en un "equilibrio poco realista", "a la vista del aumento del gasto y la sobrestimación de los ingresos", ya que se espera que la recaudación aumente un 6 % -por encima del crecimiento estimado del PIB nominal- hasta la cifra récord de 210.015 millones de euros.

Asegura la CEOE que la mejora prevista en los ingresos debería haber sido aprovechada también (junto con las reducciones en el IRPF) para acometer bajadas de impuestos que afecten al sector empresarial.

En este sentido, afirma que sería el momento de revertir alguna de las medidas tomadas en los últimos años, entre las que destaca la limitación en la deducibilidad de ciertos gastos o la compensación de bases imponibles negativas.

CEOE reitera su rechazo a estas medidas que "alejan la base imponible del resultado contable de las empresas", porque restan competitividad a las empresas españolas, lo que a la larga puede tener un efecto perjudicial sobre la recaudación.

Por el lado de los gastos, incide en que se ha optado por aumentar las transferencias a las comunidades autónomas, las pensiones más reducidas y los salarios de los empleados públicos en detrimento de mayores partidas para inversiones productivas y políticas generadoras de actividad, crecimiento y empleo.

No obstante, valora el aumento de las dotaciones para las actividades económicas de un 7,2 %, aunque "todavía está lejos de los niveles anteriores a la crisis, algo que no sucede con el resto de las políticas".

Además, echa en falta medidas para mejorar la gestión pública y avanzar en la reforma de las administraciones, en tanto que en el ámbito de la Seguridad Social insiste en la necesidad de acometer reformas que aseguren la sostenibilidad del sistema de pensiones, para lo que ve fundamental reforzar la relación entre la contribución realizada y la prestación recibida.