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Madrid, 15 dic (EFE).- La nueva Ley Hipotecaria activará préstamos "verdes" para fomentar los edificios energéticamente eficientes tanto para su compra como para su rehabilitación y los bancos se beneficiarán de estas "hipotecas verdes" a cambio de no pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD).
El grupo parlamentario del PP ha introducido esta iniciativa en la ponencia de la nueva ley reguladora de contratos de crédito inmobiliario que será votada en el pleno del Congreso el próximo jueves y que previsiblemente entrará en vigor en marzo, una vez que se traslade al Senado.
La denominada "hipoteca verde" podrá ser solicitada por cualquier cliente, sea particular, empresa o administración y gozará de los beneficios de los créditos refaccionarios, que no requieren otorgar escritura pública, o cuyo acreedor tiene prioridad, por ejemplo, a la hora del cobro de la deuda.
El diputado del PP en la Comisión de Economía que ha tramitado esta ley, Miguel Ángel Paniagua, ha señalado a EFE que se trata de fomentar un "producto estrella" entre la banca ante la necesidad de canalizar el capital privado a la financiación de proyectos de inversión sostenibles.
La concesión de estas hipotecas estaría limitada a proyectos cualificados que cumplan con una serie de parámetros vinculados a la generación de ahorro en gasto energético (agua, luz o utilización de fuentes de energía renovables).
Dichos ahorros se medirían sobre una "base de coste energético y de agua" que deberían suministrar las compañías eléctricas, de gas y comercializadoras a las entidades administradoras de estos programas.
En el caso de contratar una hipoteca para mejorar un inmueble o un conjunto de edificios con el fin de hacerlos eficientes el constructor debería ser también un contratista cualificado.
Por otra parte, la "hipoteca verde" también se contempla para préstamos vinculados al mantenimiento de instalaciones permanentes de generación de energía renovable y sistemas de almacenamiento de energía en la edificación de un propietario, obligándose este último a comprar la energía producida por tal instalación a un precio fijo acordado en un "Contrato de Compra de Energía a largo plazo".
Este préstamo inmobiliario podría anotarse en el registro de la propiedad sin necesidad de otorgamiento de escritura pública, aunque para ello necesitará de una certificación de una entidad de verificación acreditada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) sobre la idoneidad del proyecto cualificado.
La enmienda del PP fue aprobada con los votos de los populares y las abstenciones de Unidos Podemos, Ciudadanos, PNV y PDeCAT ya que el PSOE y Nueva Canarias votaron en contra.
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