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Madrid, 26 dic (EFE).- La reforma de la financiación autonómica se aplaza un año más -y van cuatro-, pero, además, no parece probable que se apruebe ni en el corto ni en el medio plazo, situación que no inquieta demasiado a las comunidades autónomas que han logrado más beneficios tras los contactos bilaterales con el Gobierno.
Aunque 2018 arrancó con el propósito de cerrar el año con un nuevo modelo y pese a un pequeño impulso en el primer semestre, los acontecimientos posteriores, entre ellos el cambio de Gobierno tras la moción de censura retrasaron los plazos, y ya en junio el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, admitió que "no había tiempo material" para la reforma, que debía esperar a un mejor momento político.
No obstante, fuentes del Ministerio de Hacienda han asegurado a Efe que el objetivo del Gobierno es que el "esqueleto del futuro modelo esté concluido esta legislatura" tras varios años de "bloqueo" con el Ejecutivo del PP.
En cualquier caso y mientras llega la reforma de un sistema que entró en vigor en 2010 por un periodo de cuatro años, Sánchez ha ido anunciando iniciativas para mejorar, de forma inmediata, la financiación de cada una de las comunidades y paliar sus urgencias económicas.
Aquí se incluye una senda de estabilidad que concede 2.500 millones adicionales a las autonomías, tras aumentar en dos décimas su objetivo de déficit para 2019; las entregas a cuenta que crecerán un 7,2 por ciento con el nuevo año o el compromiso de devolver a las comunidades los 2.000 millones que les corresponden por la liquidación del IVA de 2017.
Conscientes de que el modelo no se aprobará esta legislatura, el Gobierno citó en septiembre a las comunidades a una Comisión de Financiación Autonómica que pretendía dar por concluidos los trabajos técnicos e iniciar "la negociación política", con la principal novedad de incorporar Cataluña, tras un año ausente por el 155.
En este encuentro, el Ministerio de Hacienda reconoció implícitamente que las comunidades autónomas estaban mal financiadas y se mostró abierto a abrir un diálogo para el reparto equilibrado de los recursos.
Sin embargo, aunque las comunidades valoraron ese reconocimiento implícito de la infrafinanciación, en el caso de Cataluña, su vicepresidente Pere Aragonès anunció que no había motivos para volver a participar en estas reuniones y reiteraba que los modelos de financiación se negocian bilateralmente.
Además, Aragonès dejaba claro que el Ejecutivo catalán, en ningún caso, iba a intercambiar una nueva financiación por el derecho de autodeterminación.
Pese a no entrar en vigor el nuevo modelo, las autonomías han visto crecer sus ingresos y en 2019 podrán gastar más dinero que nunca con la recuperación, en parte, de impuestos vinculados a la actividad inmobiliaria y el alivio de la deuda a corto plazo.
A finales del verano, el Ministerio de Hacienda anunció una reestructuración de la deuda de las comunidades, con la posibilidad de que los vencimientos a corto plazo se puedan alargar a medio plazo e incluso abordar el estudio para "la totalidad de la deuda".
Y en esa línea, Hacienda se comprometió a hacer más confortable a las comunidades la senda de estabilidad y a otorgarles más capacidad para dedicar más recursos al Estado del bienestar.
Pero estas medidas también han sido interpretadas, por la oposición, como "maniobras dilatorias" a la espera de unas elecciones generales que despejen el panorama político.
De hecho, Sánchez en la última de las reuniones con presidentes autonómicos, en concreto con el de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, dejó claro que "no es el momento" para la reforma por "el actual bloqueo en los acuerdos de Estado".
Esa oposición política, que también ralentizó la reforma cuando estuvo al frente del Ministerio de Hacienda, es la que ahora recuerda a Sánchez que llegó al Gobierno con "casi todo hecho".
Y es que el informe encargado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy a una comisión de expertos, en 2017, se entiende como el punto de partida "natural" para la reforma.
Ese informe, que en el primer semestre de 2018 recibió comentarios de todas las comunidades autónomas, contempla, en líneas generales, la capacidad de las comunidades para fijar copagos, subir o bajar impuestos, mejorar la fiscalidad y, sobre todo, un gran acuerdo para financiar el Estado del bienestar y pagar la educación y la sanidad en un supuesto tiempo de crisis.
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