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En una resolución judicial de alto alcance político e institucional, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha determinado mantener de forma cautelar la suspensión del derecho al voto activo para los ciudadanos extranjeros que adquirieron la ciudadanía española mediante la conocida popularmente como ley de nietos. Tras la desestimación del recurso de apelación presentado por la Abogacía del Estado, el Alto Tribunal confirma la vigencia de la medida cautelar adoptada el pasado 10 de septiembre, bloqueando temporalmente la participación electoral de miles de nacionalizados residentes en el extranjero de cara a las elecciones generales convocadas para el próximo 29 de noviembre.
El veredicto, dictado por la Sección Cuarta de la Sala, argumenta la imperiosa necesidad de evitar que el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA) se consolide con deficiencias o irregularidades administrativas que puedan enturbiar la validez de los comicios. La mayoría de los magistrados sostiene que el derecho de sufragio no posee una naturaleza absoluta e ilimitada, sino que debe subordinarse al interés general superior de garantizar la transparencia, objetividad, veracidad y exactitud del registro electoral, primando la seguridad jurídica del proceso sobre los intereses particulares de los solicitantes.
Criterios cautelares y exclusiones en el censo derivado de la ley de nietos
La decisión adoptada por el órgano judicial restringe la participación de diversos perfiles de solicitantes acogidos al marco normativo de memoria. Por un lado, la medida mantiene congelada la inscripción registral de aquellas personas que, habiendo obtenido el dictamen favorable de nacionalización, tuvieran pendiente la formalización de su alta en el censo. Por otro lado, quedan excluidos de la cita con las urnas los ciudadanos CERA de cuya tramitación la Administración General del Estado no conserve un historial completo de trazabilidad o cuyas condiciones de registro presenten discrepancias documentales.
No obstante, el dictamen del Supremo establece una excepción clara para garantizar la protección de los supuestos originales contemplados en la Ley de Memoria Democrática. Aquellos solicitantes que dispongan de un certificado consular explícito que atestigüe que la nacionalización deviene de forma acreditada de ascendientes exiliados por motivos políticos, ideológicos, de creencia u orientación sexual mantendrán su derecho al voto totalmente preservado. Para el resto de afectados por la paralización, la Sala concede un margen de cinco días a fin de que puedan personarse en el procedimiento judicial como parte codemandada y formular sus correspondientes alegaciones.
Un pronunciamiento judicial con impacto directo sobre cerca de 370.000 expedientes
Las cifras oficiales facilitadas por el Ejecutivo central cifran en más de medio millón las personas que han completado la adquisición de la nacionalidad gracias a los cauces fijados por la ley de nietos. Sin embargo, la afectación directa en el ámbito estrictamente electoral abarca a 369.017 ciudadanos inscritos formalmente en las listas del CERA. Frente al criterio de la Abogacía del Estado —que argumentaba que solo 14.120 de ellos constituían votantes potenciales con nula capacidad para alterar los resultados finales—, el tribunal ha primado la estricta pulcritud del procedimiento censal.
El calendario procesal ha resultado determinante en la aceleración de la resolución del Alto Tribunal. Tras cerrar el censo oficial el 1 de agosto, el periodo de exposición y reclamación ciudadana quedó fijado entre el 5 y el 19 de octubre. Esta delimitación temporal obligaba al Supremo a pronunciarse con carácter de urgencia antes de la conclusión del plazo de alegaciones, garantizando así la estabilidad de la lista definitiva con la que se gestionará el voto por correo desde las demarcaciones consulares de todo el mundo.
Origen del litigio tras los recursos presentados por la oposición parlamentaria
El origen de la paralización judicial se remonta a las demandas presentadas por las formaciones Vox e Iustitia Europea, quienes impugnaron los cauces de incorporación censal de los beneficiarios de la ley de nietos. Por su parte, el Partido Popular mostró reiteradamente su rechazo al mecanismo de nacionalización masiva empleado por el Gobierno, llegando a calificar la medida de «ingeniería electoral» orientada a la creación artificial de bolsas de electores en el exterior.
La resolución ha provocado un encendido debate político. Tanto la Fiscalía como el Ejecutivo habían reclamado el levantamiento inmediato de las cautelares. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, criticó con dureza la paralización al calificarla de «atropello» promovido por las fuerzas conservadoras, recordando que estos ciudadanos ya ejercieron su derecho al voto en las convocatorias de 2023, 2024 y 2025. Sánchez cuestionó públicamente la constitucionalidad de suspender los derechos de los descendientes del exilio republicano mientras se mantienen intangibles los de otros colectivos.
Vías de recurso ante el Tribunal Constitucional y horizontes de la ley de nietos
El fallo judicial no ha contado con la unanimidad del tribunal, habiéndose formulado un voto particular discrepante por parte de una de las magistradas que componen la Sección Cuarta. Esta discrepancia interna abre la puerta a que la representación legal del Estado explore nuevas vías de impugnación en instancias superiores.
Desde los actos institucionales del Palacio Real con motivo del Día de la Fiesta Nacional, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, confirmó que el Gobierno analizará exhaustivamente la resolución a través de la Abogacía del Estado. El objetivo prioritario del Ejecutivo es determinar si la ratificación de las medidas cautelares agota la vía ordinaria y habilita la presentación de un recurso de amparo de urgencia ante el Tribunal Constitucional, en un intento por restituir el derecho de sufragio de los beneficiarios de la ley de nietos antes del cierre definitivo de las urnas el 29N.
Un debate de calado sobre la nacionalidad y los derechos de la ciudadanía exterior
El conflicto en torno a la ley de nietos pone de manifiesto la complejidad de articular procesos masivos de reparación histórica con las garantías exigidas por el sistema electoral de una democracia representativa. Más allá del desenlace jurídico que adopte el Tribunal Constitucional en las próximas semanas, el caso reabre el debate sobre los mecanismos de fiscalización de los registros consulares, la trazabilidad del censo en el extranjero y el encaje de los derechos de la diáspora en las citas electorales decisivas para el futuro del país.
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