Explorando las raíces de los delitos de odio, el racismo, la identidad de género y orientación sexual

En España, el racismo, la identidad sexual, la homosexualidad y el género son las principales causas de los delitos de odio, representando el 80 % de los casos investigados por la Fiscalía en 2022. Se abrieron 198 diligencias por estos delitos de odio, pero solo se tienen datos detallados de 166 de ellas. 

El 80 % de los delitos de odio en España se relacionan con el racismo y la homosexualidad 

En 2022, la Memoria de la Fiscalía en España reveló que el 80 % de los delitos de odio se relacionaron con el racismo, la identidad sexual, la homosexualidad y el género. Se abrieron 198 investigaciones, pero solo se tienen detalles completos de 166 casos. Esto marcó una disminución del 16 % en comparación con 2021, posiblemente debido a un mayor conocimiento de las condiciones para considerar un acto como delito de odio. 

El racismo y la discriminación étnica lideraron con 67 casos, seguidos por el antisemitismo y el antigitanismo con 6 casos. La orientación sexual, el género, la ideología y la religión también estuvieron involucrados en numerosos casos.

De las 166 investigaciones con detalles, 101 se archivaron, 43 llevaron a denuncias y 22 siguieron en proceso. El archivo a menudo se debía a no considerar los hechos como delictivos después de la investigación, aunque los denunciantes aún podían recurrir a la vía judicial si lo deseaban. 

Las sentencias de odio llegaron a un total de 125 en el 2022 

En 2022, se mantuvo estable el número de escritos de acusación, con 192 presentados, apenas uno menos que en 2021. Sorprendentemente, las acusaciones por promover discursos de odio disminuyeron de 21 a solo seis. La Fiscalía atribuye esta disminución a la rigurosidad de los tribunales para proteger la libertad de expresión, solo formulando acusación cuando está claro que se superaron los límites legales. 

El número de sentencias condenatorias por delitos de odio llegó a 125 en 2022, con 10 casos relacionados con tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), y cinco de estas sentencias no aplicaron la agravante del artículo 22.4 del Código Penal. Hubo 27 resoluciones absolutorias. 

Estos datos indican un avance en el ámbito jurídico al mostrar un mayor rechazo hacia conductas que atacan los derechos y valores fundamentales de las personas, lo que refleja una mayor sensibilización con las víctimas. Sin embargo, la Fiscalía se sorprende negativamente de que en una sociedad cada vez más libre y educada en valores democráticos persisten condenas por actos de intolerancia y rechazo hacia quienes son considerados diferentes. 

El Ministerio Público solicita medidas urgentes para temas como la ideología y las razones de género 

El Ministerio Público destaca que la mayoría de las condenas por delitos de odio están relacionadas con la orientación o identidad sexual y el origen nacional de las víctimas. Se señala que, si bien la globalización permite conocer y compartir diferentes culturas y formas de vida, es incomprensible que se utilice de manera negativa, manifestando actitudes ofensivas hacia aquellos que son "diferentes". Esto refleja una actitud de superioridad hacia lo propio y rechazo hacia lo que es distinto. 

Además, la Fiscalía enfatiza que no se debe tolerar el rechazo hacia quienes no se identifican con ciertas condiciones o identidades sexuales. Se consideran preocupantes los datos relacionados con razones de género y de ideología.  

En cuanto a la primera, persiste un sentimiento de superioridad por parte de algunos hombres hacia las mujeres, relacionados con épocas históricas no superadas. En cuanto a la segunda, representa la intolerancia hacia aquellos que piensan de manera diferente, lo que se asemeja a épocas de polarización social. 

La Fiscalía concluye que la situación actual sobre los delitos de odio requiere reflexión, ya que niños y jóvenes tienden a replicar los comportamientos y prejuicios de los adultos de referencia, a menudo sin que las políticas educativas logren desactivarlos. Esto se evidencia en que incluso los menores con expedientes de reforma están motivados por el racismo y la orientación sexual.