Mejor jurisdicción contra los delitos de odio hacia personas con discapacidad

El Comité Español de Representante de Personas con Discapacidad (Cermi) expuso a la comunidad jurídica la actuación del sector de la discapacidad contra los delitos de odio.

Así lo manifestó el delegado del Cermi Estatal para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad, Gregorio Saravia Méndez, en un artículo publicado en el libro 'La infradenuncia de los delitos de odio', obra coordinada por María Pina Castillo y María Ángeles Hernández-Prados.

Lamentablemente, los datos actuales exponen el aumento de este tipo de vulneración de los derechos de las personas con discapacidad.

Para acabar con los delitos de odio contra la discapacidad, la Justicia tiene que encontrar un equilibrio que no vulnere la libertad de expresión

El artículo, presentado bajo el título 'Acompañamiento a las personas con discapacidad víctimas de delitos de odio desde el Cermi', expone la evidente tensión que existe entre “la máxima defensa de la libertad de expresión y la protección de los individuos contra la protección de los individuos contra la incitación al odio”.

Saravia advierte de la necesidad de mejorar en España los canales de denuncia ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para que estos sean universalmente accesibles y fortalecer las garantías y los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El autor hace mención en su artículo a la educación en derechos humanos como estrategia de primer orden tanto para prevenir como para contrarrestar los discursos y delitos de odio, sus causas y manifestaciones.

Sin lugar a dudas, resulta muy preocupante la proliferación de los delitos de odio y discriminación que no sólo atentan contra los bienes jurídicos individuales de las personas y contra su propia dignidad, sino que también ponen en entredicho a los propios valores constitucionales e incluso pueden poner en jaque al modelo democrático mismo que es el único que está en condiciones de asegurar una convivencia pacífica.

Al CERMI le preocupa particularmente "la generación de un clima de hostilidad hacia determinados colectivos que termina por favorecer la ejecución de acciones violentas. En este sentido, en las diligencias de investigación tramitadas por la Fiscalía General del Estado los motivos discriminatorios más comunes fueron el racismo y la xenofobia, con un 38,5 %, la orientación e identidad sexual y de género, con un 25 %, y en tercer lugar la ideología, con un 19,2 %".

La situación de discapacidad, blanco de las agresiones verbales

El CERMI ha venido denunciando en los últimos años cómo gran parte de las palabras orientadas al insulto o al desprecio se vinculan con una situación de discapacidad. Se trata de un comportamiento cotidiano y legitimado socialmente. Lo que subyace es una depreciación o incluso de negación del estatus de persona, de las mujeres y hombres, de las niñas y niños con discapacidad.

En referencia a las personas con discapacidad, los discursos de odio dirigidos hacia ellas "deberían toparse con los pilares firmes que sostienen a una ciudadanía comprometida con los valores de la diversidad, el respeto por la diferencia, la defensa de la solidaridad y la promoción de la responsabilidad hacia uno de los sectores más vulnerados en lo que respecta a la vigencia y protección de sus derechos".

Asimismo, cabría también introducir aquí el lugar prioritario que deben ocupar las víctimas con discapacidad en cuanto su protección, amparo y defensa. En muchas ocasiones, en una víctima con discapacidad se reúnen otras condiciones que pueden aumentar la intensidad del daño que ocasiona el odio: el género, la edad, la orientación sexual, el origen étnico, la situación socioeconómica u otros factores similares, según expone el Cermi.