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La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha puesto el foco en la violencia vicaria como uno de los desafíos más graves en materia de protección de menores en España. En una entrevista concedida a Servimedia, subrayó que este fenómeno no puede seguir considerándose un asunto privado, sino que debe abordarse como un problema estructural que afecta al conjunto del país. En este sentido, defendió la necesidad de adoptar “medidas de Estado” que permitan hacer frente a una realidad que, según indicó, exige respuestas coordinadas y profundas.
Rego insistió en que la violencia vicaria debe formar parte del debate público. A su juicio, solo a través de una mayor visibilidad y concienciación social será posible avanzar en la prevención y detección de los casos. La ministra alertó de que las cifras actuales reflejan una problemática de gran alcance, lo que obliga a las instituciones a actuar con determinación y a toda la sociedad a implicarse activamente.
La violencia vicaria es una doble violencia contra mujeres e infancia
Durante la entrevista, la ministra definió la violencia vicaria como “una doble violencia”. Explicó que se trata de una forma de agresión en la que el maltratador utiliza a los hijos e hijas para ejercer daño sobre la mujer, al tiempo que perpetra una forma de violencia de género directamente contra los menores.
Esta doble dimensión convierte la violencia vicaria en un fenómeno especialmente complejo, ya que afecta simultáneamente a distintos niveles del entorno familiar. Por ello, Rego defendió que las políticas públicas deben contemplar esta especificidad y diseñarse teniendo en cuenta tanto la protección de las mujeres como la de los niños y adolescentes.
Reforma de la Lopivi
Uno de los pilares fundamentales de la respuesta institucional será la reforma de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi). Según explicó la ministra, esta actualización normativa busca adaptar el sistema judicial a una perspectiva centrada en la infancia.
Entre las principales medidas, destacó la creación de itinerarios públicos de reparación para las víctimas, así como el reconocimiento del derecho de los menores a ser escuchados sin límite de edad. Este último aspecto supone un cambio significativo respecto a la situación actual, al reforzar la participación de los niños y adolescentes en los procesos que les afectan.
Además, la reforma pretende concretar mejor el principio del interés superior del menor. Rego señaló que la falta de definición precisa de este concepto había dificultado en muchos casos la actuación de las instituciones, por lo que su desarrollo será clave para mejorar la protección efectiva de la infancia.
Otro elemento relevante será el reconocimiento de la violencia institucional contra los menores, una cuestión que hasta ahora no había sido suficientemente visibilizada en el marco legal.
La futura normativa también incluirá un plan director de formación dirigido a profesionales de distintos ámbitos, como la Justicia, los servicios sociales y otros sectores vinculados a la infancia. El objetivo es mejorar la capacidad de detección, prevención y atención de las distintas formas de violencia que afectan a niños y adolescentes.
Este enfoque pone el acento en la necesidad de contar con profesionales especializados y sensibilizados, capaces de identificar señales de riesgo y actuar de manera coordinada. Asimismo, se busca reforzar los mecanismos de acompañamiento y reparación para las víctimas, garantizando una atención integral.
Debate sobre custodia y protección
Durante el proceso de elaboración de la ley, han surgido discrepancias entre distintos ministerios, especialmente en relación con la custodia compartida. Rego explicó que una de las principales diferencias con los ministerios de Igualdad y Justicia se centró en este punto.
La ministra defendió una postura clara: “un maltratador no puede ser un buen padre”. En consecuencia, abogó por aplicar un principio de precaución que priorice la seguridad y el bienestar de los menores en situaciones de violencia familiar. Esta perspectiva plantea limitar o revisar la custodia compartida cuando existan indicios de maltrato, con el fin de evitar riesgos para los niños y niñas.
Próximos pasos de la ley
En cuanto al estado de la tramitación, Rego indicó que la futura ley de violencia vicaria se encuentra actualmente entre la primera y la segunda vuelta en el Consejo de Ministros. Según trasladan los equipos técnicos que trabajan en el texto, el proceso está avanzado y podría retomarse en breve.
La ministra se mostró confiada en que la norma continúe su recorrido legislativo en un plazo próximo, lo que permitiría consolidar un marco legal más sólido para combatir esta forma de violencia. Con ello, el Gobierno pretende reforzar la protección de la infancia y situar la violencia vicaria en el centro de las políticas públicas.
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