14/12/2021 - 16:20
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Si bien el Consejo de Ministros tomó en consideración en primera lectura el Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda impulsada por los sindicatos y por Unidas Podemos el pasado 26 de octubre, el PSOE se dispone a tumbarla en el Congreso. La razón que ha dado el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, para tumbar la Ley de Vivienda es que "choca frontalmente" con el proyecto que prepara el Gobierno, aún en fase de redacción. Deja la puerta abierta en todo caso a negociar cambios en el futuro proyecto del Gobierno una vez inicie su tramitación.
Sin el apoyo del PSOE, la iniciativa no pasaría de la primera votación, ya que también es de esperar los votos en contra de PP, Vox y Ciudadanos, contrarios a la regulación de precios del alquiler. Esta fue presentada el pasado mes de septiembre por los sindicatos CCOO, UGT, el Sindicato de Inquilinos y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), entre otras organizaciones.
Finalmente, aunque Unidas Podemos votará a favor de la Ley de Vivienda, ha retirado su firma como proponente con el fin de facilitar el acuerdo con el PSOE en el seno del Gobierno. Junto con ERC, EH-Bildu y Compromís, han advertido que tratarán de ampliar la que proponga el PSOE a través de enmiendas.
La noticia de que el PSOE no apoyaría la ley hizo que colectivos de vivienda se movilizaran el pasado lunes ante el Congreso para exigir su aprobación. No obstante, este martes el partido ha querido tranquilizar a la población asegurando que "la vivienda se convertirá en un derecho y no en una mercancía" y que su ley "será el quinto pilar del estado del Bienestar en nuestro país".
Medidas de la proposición
Además de regular los precios del alquiler, la iniciativa de la Ley de Vivienda también habilita políticas de control del alquiler turístico y crea un registro de contratos para la consecución efectiva de la ley. Otra medida dirigida a aumentar la oferta de vivienda pasa por habilitar a los ayuntamientos a aplicar recargos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en viviendas vacías de los grandes tenedores. Asimismo, se anula el régimen fiscal especial de las Socimis, que pasarían a tributar en el régimen general.
Por otro lado, la ley establece la prohibición expresa de los desahucios sin alternativa habitacional en situación de vulnerabilidad y también trata de garantizar los suministros básicos, aplicando el principio de precaución en caso de impago, y con una tarifa social de agua, gas y electricidad a financiar por empresas productoras, distribuidoras y comercializadoras, tal y como recoge Europa Press.
Asimismo, regula la dación en pago, la Ley de Vivienda modifica la Ley Concursal para mejorar el derecho a una segunda oportunidad, limita la responsabilidad al bien hipotecado e impide el embargo de la única vivienda de las terceras personas que avalen un préstamo.
UGT reclama el apoyo a la Ley de Vivienda
UGT ha reclamado el apoyo de los grupos parlamentarios para que tomen en consideración la Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda, una norma elaborada por la Iniciativa Ley de Vivienda, plataforma de la que UGT es parte activa junto a más de 120 organizaciones sociales. De este modo, ha convocado una nueva manifestación para la tarde del martes a partir de las 19:30.
Para el sindicato esta ley es una "oportunidad histórica", ya que incorpora medidas que servirían para erradicar los graves problemas que definen la emergencia habitacional en nuestro país, como el alto número de desahucios sin alternativa habitacional, el sinhogarismo, que afecta a más de 30.000 personas en España, el desproporcionado precio de los alquileres, el "insuficiente" parque público de viviendas o la pobreza energética, que golpea a las personas y colectivos más vulnerables.
El sindicato señala que la gravedad de la emergencia habitacional que asola a nuestro país exige una postura diferente, que favorezca el enriquecimiento de ideas acerca de cómo debe ser la primera Ley Estatal de Vivienda y permita así una discusión plural sobre las medidas orientadas a garantizar un derecho humano y constitucional.
Solo entre julio y septiembre de este año se han producido 8.600 desahucios.
La Constitución recoge el derecho a una vivienda digna y adecuada
Todos los partidos que presuman de ser constitucionalistas deberían tener presente el artículo 47 de este texto, ya que contempla de forma específica la necesidad de hacer "efectivo" el derecho a una vivienda digna y adecuada. La precariedad laboral que asola a España tiene su cara más amarga en la pobreza, que afecta ya un total de 12,5 millones de personas, es decir, el 26,4 % de la población española. Las subidas de precios y de los suministros empobrecen aún más si cabe el salario de los trabajadores, por lo que aspectos como el de acceder a un hogar deberían estar amparados y ser esenciales, no objetos de lujo al alcance de unos pocos, para lo cual urge declarar una Ley de vivienda que proteja a la población.
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. - Artículo 47 de la Constitución Española
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