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El Ayuntamiento de Barcelona ha entregado formalmente la licencia de obras de la Sagrada Familia a la Junta Constructora. Además, ya ha ingresado 4,6 millones de euros en concepto de impuestos y tasas asociados al permiso. Todo ello supone regularizar un asunto pendiente desde 1885, hace más de 130 años.
La licencia establece las condiciones para la construcción de la basílica
La teniente de alcalde de Urbanismo de Barcelona, Janet Sanz, y el presidente delegado de la Junta Constructora, Esteve Camps, han explicado que el acuerdo de la licencia se ha formalizado después de dos años de trabajo conjunto entre las dos instituciones.
Se comprometen a aportar 36 millones de euros en diez años para financiar los gastos municipales que genera la actividad de La Sagrada Familia: "Agradecemos el esfuerzo de todas las partes, que ha permitido que el proceso sea ágil", ha dicho Sanz.
Se prevé que las obras finalicen en 2026
El techo máximo edificable en la parcela es de 53.495,61 metros cuadrados, y la superficie construida sobre rasante es de 41.026,69 metros cuadrados. La licencia también describe una construcción del templo por etapas.
Para obtener la licencia, la Junta Constructora ha pagado al Ayuntamiento un total de 4,63 millones de euros. Un importe que sale del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que supone 4,38 millones y la tasa de licencia de obras, que son 241.732 euros.
Limitan los permisos de actividad sobre los usos de la basílica
El Ayuntamiento también ha tramitado los permisos de actividad sobre los usos de la basílica de La Sagrada Familia, que serán religiosos y culturales, para funcionamiento y administración del centro, y comercial, que se restringe a un establecimiento de venta al detalle de productos relacionados con el templo con una superficie máxima de 750 metros cuadrados.
La construcción de la fachada de la Glòria y la escalinata, que afectaría a pisos de la calle Mallorca, se abordarán a partir del mes de septiembre.
La Sagrada Familia aportará 36 millones los próximos diez años en aspectos vinculados a la urbanización, la movilidad, el transporte público y el mantenimiento del espacio público del entorno, en un pacto "inédito".
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