El Gobierno y las comunidades se han comprometido para que los niños tutelados y menores de seis años no ingresen en centros de acogida. El objetivo es reducir la explotación sexual y el acoso existente.
Cuando las víctimas son niños y adolescentes, las reglas de la prescripción deben ser analizadas de forma diferente. Organizaciones feministas piden investigar los fallos de la Justicia cuando las madres denuncian abusos sexuales hacia sus hijos.
