Amnistía Internacional urge a las comunidades autónomas a reubicar a los 1.400 menores no acompañados de Ceuta

Amnistía Internacional (AI) ha vuelto a poner el foco en la situación de los más de 1.400 niños y adolescentes que llegaron solos a Ceuta desde finales de julio y que, semanas después, siguen en la ciudad autónoma sin una reubicación definitiva. La organización insiste en que, más allá de su condición migratoria, se trata de menores no acompañados con derechos que deben ser garantizados de forma inmediata y sin excepciones.

AI recuerda que el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, establece un mecanismo de contingencia migratoria extraordinaria que obliga a todas las comunidades autónomas a facilitar la reubicación de menores no acompañados cuando un territorio supera con creces su capacidad ordinaria de acogida. Ceuta, con una capacidad reconocida de apenas 29 plazas, alberga actualmente alrededor de 1.400 menores identificados como no acompañados, lo que activa de pleno este protocolo de emergencia.

Jon Sicilia, portavoz de Amnistía Internacional España, lo resume con claridad: “Los niños, antes que migrantes, son menores”. Para AI, la norma debe aplicarse sin fisuras ni vetos políticos, porque el interés superior del menor no puede quedar subordinado a disputas partidistas.

Respuestas dispares ante el reparto de menores no acompañados: del “rechazo frontal” a la “plena colaboración”

La organización envió el 12 de agosto una carta a todas las consejerías de bienestar social pidiendo el cumplimiento del decreto de reparto. Hasta ahora, solo ha recibido dos respuestas de fondo: la de Extremadura, que ha manifestado un “rechazo frontal” a acoger a estos menores, y la de Castilla-La Mancha, que ha ofrecido su “plena colaboración”. El Gobierno vasco, por su parte, ha confirmado la recepción del escrito.

A pesar del bloqueo político de algunas autonomías, AI asegura que el mecanismo técnico de reparto sigue funcionando en muchos casos. De hecho, Sicilia señala que, días antes de la llegada masiva a Ceuta, menores no acompañados ya habían sido trasladados a Extremadura “sin ningún tipo de problemas” a través del sistema habitual.

Una cita clave: la Conferencia Sectorial de Infancia y los 25 millones

La urgencia del llamamiento de AI se explica también por el calendario institucional. Este jueves 27 de agosto se celebra la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, convocada por el Ministerio de Juventud e Infancia, con la presencia de las comunidades y ciudades autónomas. En el centro del debate está la transferencia del crédito extraordinario de 25 millones de euros aprobado por el Consejo de Ministros para atender a los menores no acompañados en Ceuta.

Sin embargo, según denunció la ministra Sira Rego, el orden del día inicial no incluía ningún punto específico para abordar la situación de la infancia migrante en Ceuta, a pesar de las negativas de varios gobiernos autonómicos liderados por el PP a discutir el reparto. Finalmente, las comunidades presentes aprobaron por unanimidad la ayuda de 25 millones, mientras Aragón, Castilla y León y Extremadura, donde Vox tiene las competencias de Infancia, se ausentaron de la reunión.

Esos fondos están destinados a sufragar gastos de alojamiento, traslados, alimentación, vestuario, apoyo jurídico, atención médica, acompañamiento socioeducativo y servicios de traducción para los niños y niñas que se encuentran solos en la ciudad autónoma.

Seis exigencias concretas para proteger a la infancia migrante

En su carta a los ejecutivos regionales, Amnistía Internacional detalla seis peticiones que considera esenciales:

• Protección jurídica efectiva: garantizar que todos los menores tengan acceso real a sus derechos, independientemente de su situación administrativa.
• Protocolo de determinación de la edad respetuoso con los derechos humanos: evitar pruebas invasivas o poco fiables y asegurar que cualquier duda se resuelva a favor del menor.
• Derecho a ser escuchados: que la opinión de los niños y adolescentes sea tenida en cuenta en todas las decisiones que les afecten, aplicando siempre el principio del interés superior del menor.
• Documentación, formación e itinerarios de integración: AI denuncia que algunos menores tutelados cumplen los 18 años y se encuentran en la calle sin papeles, algo que la organización considera inaceptable y que ya ha ocurrido en el pasado.
• Lucha contra el racismo y la discriminación: la organización alerta del aumento de discursos xenófobos y racistas, incluso por parte de algunas autoridades, que instrumentalizan la situación de un número pequeño de menores para criminalizar a todo un colectivo y aumentan su vulnerabilidad.
• Solidaridad y responsabilidad compartida: un recordatorio de que la ley obliga a todas las comunidades a garantizar el reparto, aunque suponga un esfuerzo importante.

AI pone como referente el caso de Canarias, que durante años acogió a más de 4.000 o 5.000 menores no acompañados, lo que en algunos momentos representaba alrededor del 25% de todos los menores en esa situación en España. Ahora, la organización considera que los menores en Ceuta viven una situación similar de sobrecarga extrema.

Con una población de apenas 50.000 habitantes, Ceuta no puede asumir en solitario la atención de más de 1.400 niños y adolescentes. Para Amnistía Internacional, la acogida digna de estos menores es una responsabilidad compartida entre las comunidades autónomas, la Fiscalía y el Gobierno central, y deben quedar “fuera de la pelea política”.

Un mensaje final: “Los niños, antes que migrantes, son menores”

El lema que repite Jon Sicilia resume la posición de AI: la condición migratoria no puede primar sobre la de menor de edad. La organización reconoce que cumplir la ley supone un esfuerzo logístico y económico importante para las comunidades, pero sostiene que la situación actual en Ceuta exige el compromiso y la implicación de todas las partes.

Mientras el mecanismo técnico de reparto de menores no acompañados sigue operando en muchos casos, el bloqueo político de algunos gobiernos autonómicos mantiene a cientos de niños y adolescentes en una situación de incertidumbre prolongada. Para Amnistía Internacional, la prueba de fuego está en si las instituciones son capaces de priorizar los derechos de la infancia por encima de las disputas partidistas.