Mérida procesado por delito contra los trabajadores

Un juzgado madrileño ha procesado al ex jefe de departamento, Ramón Mérida, por un presunto delito contra los trabajadores de la Universidad Complutense de Madrid.

Esta sentencia ha sido dictada, por la magistrada de Instrucción 37 de Plaza de Castilla, que ve indicios suficientes de que Ramón Mérida, entonces jefe del departamento de Anatomía Humana y Embriología II, obligó a trabajar a sus subordinados en condiciones inhumanas, atentando contra su salud y sus derechos.

La juez, que ha dado traslado su auto a Fiscalía para que establezca la petición de pena contra Mérida, estima probado que los trabajadores sufrieron una concentración de formol "muy superior a los valores límite permitidos" por la Organización Mundial de la Salud

La juez del caso, ha dado por sentado que en Anatomía II no existían protocolos ni procedimiento de trabajo cuando los cadáveres se iban amontonando. Ni siquiera para el uso del horno crematorio, del cuál no se contaban ni con libro de instrucciones para su correcto funcionamiento, lo que dio lugar a que en los último cinco años se dejase de utilizar, favoreciendo a la proliferación de cuerpos.

Mérida generó una situación muy grave para la salud de sus trabajadores. El nivel de concentración de formol era hasta 30 veces superior al permitido.

Además los trabajadores de Mérida no disponían de los equipos de protección individual necesarios para enfrentar ese ambiente cadavérico al que estaban expuestos durante muchas horas al día, ni tampoco para los químicos de alta toxicidad con el que trabajaban. A lo que se suma, que tampoco habían recibido información sobre los riesgos a los que se exponían.

Esta situación que generó Mérida, según señala el auto de la juez, fue consentida, conocida e impuesta por el entonces jefe del departamento

Por los suelos, en neveras, tinajas y camillas los cadáveres iban siendo amontonados. Los trabajadores a cargo de Mérida padecían todo tipo de dolencias.

Pilar Mansilla sufrió, derivados de la exposición a formol, un carcinoma de mama, una neumonía, numerosos catarros necesitados de baja laboral, todo tipo de dolencias respiratorias tales cómo broncopatía, sinusitis y un trastorno ansioso depresivo. Y menores pero parecidos síntomas cursaron otros cuatro trabajadores de Mérida del departamento.

Cuando se llamó la atención a Mérida desde el Decanato, lo que hizo es decirles a sus subordinados que cerrasen todas las puertas del sótano y de los pasillos para que el olor no saliera fuera, y que a partir de ese momento no se supiera nada de lo que estaba sucediendo allí.

No había dónde almacenar los cadáveres, por lo que se apilaban en una cámara frigorífica que no funcionaba correctamente, se amontonaban en el suelo, sin estar conservados como se debía. Por los suelos había presencia en el suelo de fluidos y líquidos, y de larvas de insectos procedentes de los cuerpos.

Tal era la situación, sostiene la magistrada, hasta 2012, cuando se hizo "insostenible, degradándose día a día por incumplimiento de Ramón Mérida" de sus obligaciones como responsable, abocando a sus subordinados a trabajar "en condiciones penosas, insalubres e indignas, con una ausencia absoluta de seguridad e higiene para su salud".

"No hay dinero para que los cadáveres sean incinerados por una empresa externa", "los medios que me solicitáis son muy caros", "si no se hacen las cosas como yo digo, ya podéis ir buscando otro trabajo"

Así eran las contestaciones que Mérida daba a sus trabajadores, los que estaban sometidos a un ataque directo, provocando una degradación de su dignidad, dando lugar a crisis de ansiedad y enfermedades a muchos de ellos.

Los trapos sucios se lavan en casa, así le decía Mérida a uno de sus trabajadores, a los que tenía expuestos a condiciones inhumanas durante años, antes de que saliera a la luz el escándalo. Ahora, la Justicia es la que tiene la última palabra.