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El Gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta, encabezado por Juan Jesús Vivas (PP), ha lanzado una nueva "petición de auxilio" al Gobierno central y a las comunidades autónomas para encontrar una solución inmediata y efectiva para el traslado de menores migrantes no acompañados a la península. Esta solicitud surge en respuesta a lo que el Gobierno local describe como una "situación insostenible y de emergencia humanitaria" debido a la constante llegada de estos menores a la ciudad.
En una reunión extraordinaria celebrada el 15 de agosto, las autoridades ceutíes evaluaron la situación de los centros de acogida que, según informan, se encuentran al borde del colapso.
Actualmente, Ceuta alberga a 406 menores migrantes no acompañados, lo que representa un 360 % de su capacidad de acogida, tomando en cuenta el tamaño y las capacidades de la ciudad. Esto significa que la ciudad autónoma está acogiendo a cinco menores por cada 1.000 habitantes, una cifra desproporcionada en comparación con la media nacional, que no llega a 0,001 menores por cada 1.000 habitantes.
Sobrecarga de los centros de acogida
Para hacer frente a esta situación, Ceuta ha habilitado seis centros de acogida, de los cuales uno es gestionado directamente por la ciudad y los otros cinco han sido abiertos de manera extraordinaria debido al aumento en la llegada de menores. Estos centros están operando muy por encima de su capacidad, lo que agrava aún más la crisis humanitaria y logística que enfrenta la ciudad.
Las autoridades locales han señalado que el número de llegadas de menores migrantes en lo que va de año ha multiplicado por seis el total registrado en 2023. Esta presión migratoria ha llevado a una sobrecarga de los servicios sociales y de acogida en la ciudad, lo que ha motivado la urgente solicitud de ayuda al Gobierno central y a las comunidades autónomas.
Respuesta del Gobierno y coordinación con las comunidades autónomas
Ante la desesperada situación en Ceuta, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se puso en contacto con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, el 16 de agosto para coordinar acciones. Según fuentes del Ministerio, se está trabajando en estrecha colaboración con las comunidades autónomas para implementar el Acuerdo de Conferencia Sectorial del 10 de julio, que establece el traslado de 87 menores desde Ceuta a la península en 2024. Este acuerdo forma parte de un mecanismo de reparto voluntario que se aplica desde 2022, con el objetivo de aligerar la carga de las ciudades fronterizas como Ceuta y Melilla.
El Gobierno central ha asegurado que está acelerando el proceso para que estos traslados se realicen de manera ágil y efectiva. Sin embargo, el proceso de reubicación es complejo, ya que depende de acuerdos bilaterales entre los territorios de llegada y acogida, que se gestionan a través de convenios específicos.
Desafíos en la implementación del acuerdo
El Acuerdo de Conferencia Sectorial del 10 de julio aprobó una partida para el traslado de 347 menores migrantes, con el objetivo de repartir la carga entre las diferentes comunidades autónomas. Sin embargo, la propuesta del Gobierno de modificar la Ley de Extranjería para hacer obligatorio este reparto fue rechazada en el Congreso, debido a la oposición del Partido Popular, Vox y Junts. Esta negativa ha complicado la puesta en marcha de un mecanismo de reparto más equitativo y obligatorio, lo que ha dejado a ciudades como Ceuta lidiando con una presión migratoria desbordante sin un respaldo legal suficiente para repartir a los menores de manera obligatoria entre las distintas regiones de España.
Ceuta se encuentra en una situación crítica debido a la masiva llegada de menores migrantes no acompañados, y aunque el Gobierno central ha mostrado su disposición a colaborar, la falta de un marco legal obligatorio para el reparto de estos menores entre las comunidades autónomas continúa siendo un desafío significativo.
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