Las órdenes religiosas admiten más de 120 casos de abusos sexuales en España

Los casos de abuso de menores en las órdenes religiosas siguen aumentando poco a poco después de que la congregación de los Jesuitas reconociera un total de 81 víctimas de pederastia en su seno desde el año 1927 e informara de su intención de indemnizarlas. 

Otras congregaciones ya están siguiendo el mismo camino

Aunque la mayoría de órdenes religiosas de España se han comprometido a avanzar en este sentido para destapar los casos de abusos sexuales que se hubieran podido producir en su historia, todavía hay algunas que se niegan a remover el pasado. Ejemplo de ello son los Hermanos Maristas, La Salle y los Agustinos.

Según la información publicada por el diario El País, las siete congregaciones más importantes de nuestro país han reconocido por el momento 61 casos de abusos, de los cuales 42 de ellos no se conocían hasta ahora. Con los casos ofrecidos por los Jesuitas hace un total de 126 casos (96 desconocidos) que, según el citado diario, elevaría la cifra total de casos de abusos por parte de religiosos en nuestro país a 500.

Estos datos son resultado de meras revisiones de archivos, no estudios rigurosos, que además no han hecho públicos, y están muy lejos de reflejar la realidad de los abusos sexuales en España si se comparan con los de referencia en otros países. 

La cifra de estos abusos sexuales ha ascendido a toda velocidad con numerosas denuncias de víctimas en los medios

Aunque las cifras son estimadas debido a la opacidad de la Iglesia en estas investigaciones, los casos podrían ser muchos más debido a la poca rigurosidad de las investigaciones y a que estas no han sido realizadas por entidades externas a la Iglesia.

Escolapios, claretianos, corazonistas y Legionarios de Cristo ya han realizado investigaciones internas. El Opus Dei ultima su estudio interno. Las órdenes constatan que en el pasado nunca se denunciaba, en la mayoría de las ocasiones solo se trasladaba al acusado, se lo expulsaba o dejaba la congregación, con lo que podía seguir cometiendo abusos en otros lugares y la institución se desentendía.

Otra iniciativa ha sido abrir correos electrónicos para recibir denuncias, una vía por la que han aflorado algunos de estos delitos.

Las investigaciones actuales solo arañan la superficie, pero aun así son un avance en la Iglesia española, que hasta 2018 guardaba silencio

Desde que en febrero de 2019 se celebrara en el Vaticano la cumbre sobre la pederastia y que el Papa Francisco eliminara el secreto pontificio que escudaba a los agresores en los casos de esta índole, lo cierto es que en España se han dado pocos pasos para sacar a la luz al resto de las víctimas de pederastia. 

A diferencia de países como Alemania, Estados Unidos u Holanda, que han desarrollado amplias investigaciones, en España cada obispo decide sobre las actuaciones en su propia diócesis.

Actualmente lo único que se sabe al respecto es el manual publicado por el Vaticano el pasado mes de julio para tratar los casos de abuso a menores.

Se trata de una lista de pautas de carácter técnico que indican los procedimientos que deben seguirse en caso de recibir o conocer una denuncia de abusos sexuales a menores, para lo que se repasa la legislación ya vigente en la actualidad en la Santa Sede.

El Gobierno tampoco hace nada

La Ley de Protección de la Infancia impulsada por el Gobierno de coalición no es efectiva ya que los plazos de prescripción que contempla no resuelven el problema. El plazo de prescripción empiece a contar cuando la víctima cumpla los 30 años.

De esta manera la mayor parte de los casos de abusos sexuales en órdenes religiosas habrán prescrito cuando las víctimas tengan entre 35 y 40 años, mientras que los estudios científicos establecen que la edad media de denuncia son los 44 años.

El Síndic es una de las pocas instituciones que ha intervenido en el problema: en 2019 creó este equipo para escuchar a las víctimas y presentó un informe para el Parlament. Pidió una comisión de investigación de los casos prescritos.

También el Gobierno de Navarra ha sido sensible con las víctimas en la comunidad foral: fueron invitadas al parlamento regional, organizó un congreso sobre el problema y les ha financiado terapias psicológicas. En el resto de España, silencio.