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La Policía Nacional estima que alrededor de 400.000 inmigrantes ilegales que no se encontraban viviendo en España antes del 31 de diciembre de 2025 habrían logrado incorporarse al proceso de regularización de migrantes impulsado por el Gobierno, pese a ser el requisito temporal fijado para acogerse a la medida.
Según fuentes policiales especializadas, el volumen total de todas las solicitudes recibidas habría superado los 1,3 millones, frente a los 850.000 extranjeros en situación irregular que realmente residían en España. A juicio de estos mandos, la notable diferencia evidenciaría que miles de personas accedieron sin cumplir las condiciones iniciales.
Extranjería contradice los datos oficiales del Ejecutivo
Los especialistas sostienen que estos datos contradicen la explicación del Ejecutivo, que defendía que el elevado número de peticiones respondía a la existencia previa de una amplia población sin documentación en territorio español. Por el contrario, desde la Policía consideran que este desfase entre las estimaciones reales y las solicitudes presentadas apunta a un posible fraude de gran magnitud a nivel nacional.
Advertencias policiales sobre el control en la regularización de migrantes
Pese a estas reiteradas advertencias, los agentes especializados no participarán en la compleja fase de revisión de la documentación aportada por los solicitantes. La comprobación minuciosa de los expedientes quedará bajo la estricta responsabilidad del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de las oficinas de Extranjería dependientes de dicho departamento, eliminando cualquier tipo de intervención directa de las unidades policiales expertas en la materia.
Las mismas fuentes de la investigación recuerdan que fueron precisamente los especialistas de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras quienes meses atrás anticiparon con bastante precisión el número de personas que finalmente optarían a la regularización de migrantes. Aquella previsión técnica quedó reflejada en un informe firmado por el comisario central de Operaciones de Extranjería, Alfredo García Miravete, que estimaba que el proceso alcanzaría aproximadamente 1,25 millones de beneficiarios en total.
El impacto del «efecto llamada» a través de las redes sociales
En ese documento estratégico también se advertía de un posible «efecto llamada» derivado de la laxitud percibida en los controles administrativos. Según el riguroso análisis policial, diversas organizaciones internacionales dedicadas de forma ilícita al tráfico de personas comenzaron a difundir en distintos países de origen información detallada sobre esta vía legislativa. Los grupos criminales utilizaban de forma masiva las redes sociales para presentar el proceso como una oportunidad dorada para acceder posteriormente a la residencia legal en España.
Durante el seguimiento pormenorizado del proceso, los investigadores policiales detectaron igualmente la consolidación de un activo mercado clandestino dedicado a facilitar documentación presuntamente falsa para acreditar la permanencia en territorio español. Entre los documentos ofertados ilegalmente figuraban facturas de suministros públicos, contratos de alquiler ficticios o justificantes de servicios médicos y sociales. Estos elementos eran comercializados con total impunidad a través de plataformas digitales y canales encriptados como Telegram e Instagram con el objetivo de burlar los requisitos exigidos por la Administración Pública para consolidar la regularización de migrantes.
Aumento sospechoso en las denuncias por pérdida de pasaportes
Además, la Policía ya había alertado en un completo informe previo, elaborado pocas semanas después del anuncio oficial de la medida, de un incremento significativo y anómalo de denuncias por supuesta pérdida de pasaportes presentadas por ciudadanos extranjeros en las comisarías.
Según los agentes del cuerpo, en numerosos casos analizados estas declaraciones falsas podrían responder a una estrategia deliberada para intentar acogerse de forma fraudulenta al proceso de regularización de migrantes, ocultando la verdadera fecha de entrada en el espacio Schengen. El informe llegaba incluso a señalar con preocupación que entre los solicitantes habría personas con antecedentes policiales o penales en sus países de origen, un perfil de riesgo que, según los expertos, podría comprometer la seguridad pública de no aplicarse un control riguroso. De este modo, el debate sobre la regularización de migrantes se intensifica mientras las oficinas de Extranjería asumen en solitario la inmensa tarea de validar los millones de expedientes presentados.
Con el proceso de regularización de migrantes en su fase más crítica, el control documental definitivo determinará el éxito o el fracaso de una de las reformas legislativas más ambiciosas y controvertidas de la legislatura actual en materia de política migratoria.
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