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El confinamiento que se decretó decretado a mediados de marzo de 2020 para cortar la expansión del coronavirus hizo que aumentasen en más del 1000 % las notificaciones de direcciones europeas desde las que se distribuía pornografía infantil, según recoge 20 Minutos después de que Elvira Tejada, la fiscal de la Sala del Tribunal Supremo y Coordinadora Nacional contra la Criminalidad Informática diera a conocer el dato en San Sebastián durante una intervención en el ciclo "Los delitos contra menores y mujeres en las redes sociales", que ha estado dirigido por el magistrado Julián García Marcos durante los Cursos de Verano la ciudad.
Según informa la fiscal, las restricciones provocadas por el confinamiento "fomentaron" este tipo de delitos, ya que los niños estuvieron "encerrados en casa y pegados al ordenador todo el día" con sus progenitores, que estaban "más preocupados de la salud de sus pupilos y de su seguridad, en un sentido físico, que de vigilar lo que hacían en internet", mientras "un montón de población adulta" se encontraba "ociosa, sin otra vía de escape que salir a la red a través de sus dispositivos en casa", tal y como recoge 20 Minutos.
Este crecimiento constatado por la Europol, que bajó después del confinamiento, se produjo también en España, donde las denuncias por pornografía infantil se incrementaron aproximadamente un 350 % respecto al año anterior.
Los reportes en España por pornografía infantil de las organizaciones internacionales subieron hasta un 750 %
Por otro lado, la Guardia Civil constató que los reportes en España de las organizaciones internacionales que luchan contra delitos de pornografía infantil "subieron un 450 % en el momento en el que se decretó el Estado de Alarma, hasta un 750 % en el período más rígido del confinamiento". Datos que, según la fiscal Elvira Tejada, indican que las nuevas tecnologías están siendo usadas por los ciberdelincuentes "para facilitar el acercamiento a los menores con fines de carácter sexual, la elaboración y distribución de material pornográfico y para mantener contactos ilícitos con ellos".
Un aspecto que la fiscal también ha querido resaltar es la vulnerabilidad de los menores, dado que han nacido en una sociedad "muy digitalizada" y carecen muchas veces de la formación, la capacidad y madurez necesarias para entender los riesgos que asumen al mantener contactos en la red y en compartir información de ellos en la misma. También alerta de la creciente frecuencia con la que en España y en la Unión Europea se producen "conductas de elaboración de material pornográfico infantil" impulsada por el desarrollo tecnológico y los teléfonos móviles, mientras antes, según recoge 20 Minutos, "solo se producían delitos de distribución y posesión".
Europa es el mayor distribuidor del mundo de pornografía infantil
Además de desvelar que Europa es el mayor distribuidor del mundo de pornografía infantil, también informó durante la comparecencia de un "incremento de los delitos de abusos y agresiones a menores para hacer este material".
Las cifras de denuncias a abusos a menores se disparan entre 2010 y 2019, con 25.000 denuncias frente a 700.000, respectivamente. Este problema está siendo abordado por la Comisión Europea, según informó la fiscal, ante el que, según 20 Minutos, ha propuesto "medidas legislativas" y aumentar la colaboración con las entidades internacionales que lo combaten. La experta también ha apoyado el reforzamiento de la labor de la Policía en este ámbito, el desarrollo de "herramientas de investigación adecuadas", ante lo que el medio cita la figura del "agente encubierto online", así como de desarrollar "mecanismos" que posibiliten investigar estos casos.
Las tecnológicas deben implicarse
Distintos estudios señalados por Save the Children indican que entre un 10 % y un 20 % de la población en España ha sufrido algún tipo de abuso sexual durante su infancia. Recientemente, Apple desveló que detectará contenidos de pornografía infantil en el iPhone y en el iPad por medio de una nueva tecnología criptográfica y además mejorará su App de Mensajes para que los padres de menores estén más prevenidos ante conductas peligrosas.
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