Vuelve a crecer la preocupación ciudadana europea por la corrupción política

El Barómetro Global de la Corrupción (GCB- Global Corruption Barometer) de la Unión Europea revela que casi dos tercios de las y los ciudadanos europeos, piensan que la corrupción política es un problema grave en su país.

Más de la mitad los encuestados cree que su gobierno está influenciado por intereses privados

La corrupción política afecta a todas las naciones y a todos los colores y partidos de la Unión Europea. Aunque en algunos países más que en otros, la corrupción es una constante en el viejo continente.

Los funcionarios elegidos se enriquecen a través del sueldo en B o las tarjetas black, aceptando sobornos para encubrir violaciones de derechos humanos.

Mientras tanto, los bancos, y agentes inmobiliarios no hacen lo suficiente para impedir el blanqueo de dinero sucio.

La corrupción política se ha visto empeorada tras la llegada de la pandemia de COVID-19

El Barómetro Global de la Corrupción muestra que, en países como Hungría y Polonia, los políticos han tomado la crisis como excusa para socavar la democracia.

Según Diario Responsable, otros la ven como una oportunidad para obtener beneficios, como demuestran los casos de los lobbies en Alemania.

Los datos de estudio son realmente preocupantes

Casi tres de cada diez residentes en la UE declararon haber sufrido corrupción de forma directa, ya que se vieron obligados al pago de soborno o a la utilización de relaciones personales para acceder a los servicios públicos. Esto equivale a más de 106 millones de personas.

Los gobiernos se esforzaban por gestionar la pandemia y la crisis sistémica que esta trajo consigo, la atención sanitaria fue un particular foco de corrupción. Aunque solo el 6 % de las personas admite haber pagado un soborno por la atención sanitaria, el 29 % de los residentes de la UE recurrió a contactos personales para obtener atención médica.

En España, por el contrario, solo un 2 % admite haber pagado sobornos para la obtención de algún servicio público en los últimos 12 meses, sin embargo, resulta preocupante que un 40 % admite haber utilizado relaciones personales para acceder a servicios públicos.  

Más de 5 de cada 10 personas creen que las grandes empresas suelen eludir el pago de impuestos, y que además recurren a sobornos o relaciones personales para conseguir contratos

Los banqueros y los ejecutivos de las empresas son percibidos como más corruptos que cualquier institución del sector público. En este contexto, la percepción del 64 % de los ciudadanos encuestados en nuestro país considera que el gobierno está influenciado por intereses privados.

Finalmente, el informe concluye que los gobiernos de toda la región y las instituciones de la UE deben hacer un esfuerzo inmediato y concertado para detener la corrupción, sobre todo la corrupción política.

En este sentido realiza una serie de recomendaciones que pueden ser tenidas en cuenta:

1. Construir la confianza y la participación: Garantizar que la elaboración de políticas sea totalmente transparente y consultiva, teniendo en cuenta los intereses de todos los grupos afectados por igual, además de promover mecanismos de responsabilidad social, como los Pactos de Integridad.
2. Proteger a los que denuncian corrupción: Garantizar que la Directiva sobre la denuncia de irregularidades de la UE se cumpla. La protección resultante debe cumplir con los más altos estándares, por ejemplo, garantizando mecanismos de información que tengan en cuenta el género y tener un alcance material que se extienda la legislación de la UE para abarcar la legislación nacional. Además, defender a la sociedad civil y a los periodistas que denuncian la corrupción, incluso mediante la adopción de una directiva de la UE para protegerlos de los juicios estratégicos contra la participación pública (SLAPPs), acciones legales vejatorias de la corrupción, que tienen por objeto silenciar las denuncias de corrupción.
3. Salvaguardar la influencia indebida en la política: Mejorar la transparencia de todas las actividades de los grupos de presión y procesos legislativos; Reforzar la normativa para controlar y abordar los conflictos de intereses entre los funcionarios; Garantizar una regulación adecuada sobre las puertas giratorias y períodos de reflexión para todas las personas que dejan un cargo público para trabajar en el sector privado, y viceversa.
4. Crear normas de integridad en el sector privado: Reforzar las normas corporativas anticorrupción de las empresas reformando la Directiva de la UE sobre información no financiera para las grandes empresas, y exigir a las empresas que prevenir, detectar y actuar sobre los riesgos de corrupción.
5. Mejorar la transparencia fiscal de las empresas y evitar la evasión fiscal: Garantizar que las empresas que reciben fondos públicos o desgravaciones fiscales cumplan unos criterios claros y cumplan las condiciones necesarias, incluyendo declarar sus beneficios especiales o uso de paraísos fiscales.
6. Prevenir favoritismo en prestación de servicios y contratación pública: Invertir en plataformas digitales centradas en el usuario que faciliten y simplifiquen el acceso de los ciudadanos a servicios gubernamentales; Mejorar la disponibilidad y la calidad de los datos de la contratación pública de acuerdo con las normas mundiales, y garantizar su publicación oportuna para reducir el riesgo de corrupción en la adjudicación de contratos.
7. Garantizar la rendición de cuentas por abusos de poder: Aumentar la cooperación y el intercambio de información entre las fuerzas del orden de agencias policiales, en particular con la nueva Fiscalía Europea. Asimismo, los gobiernos deben defender el Estado de Derecho, y la UE no debe dudar en tomar medidas punitivas con cualquier país que no lo haga.